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- Exigen reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes y al Código Financiero
Aumento de 10 a 15 años quieren los transportistas para el cambio de sus unidades y la reducción de los costos y tiempos para la adquisición o transmisión de concesiones.
Mediante oficio dirigido a Luz Vera Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Luis Texis Hernández, presidente de la Unión por la Defensa de los Transportistas en el Estado de Tlaxcala, pidió que los legisladores trabajen en reformas para beneficio de ese gremio.
En el escrito señala que pretenden que elaboren una iniciativa para adicionar los numerales 30 en su fracción IV y 69 en su fracción XV del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes, pues en ellos establece que el modelo de las unidades destinadas al servicio público “tendrán que ser menores a 10 años de antigüedad para que sean autorizadas para prestar el servicio y serán suplidas una vez cumplidos”.
Pero quieren una ampliación por cinco años, con el argumento de que “las condiciones de seguridad y funcionalidad de las unidades no dependen de manera estricta del modelo, sino de las condiciones mecánicas y físicas de las mismas”.
Por ello, requieren “que se extienda el término de 10 años a 15 como parámetro para el cambio de unidades y adicionar las fracciones IV y VII del artículo 153 del Código Financiero para que la transmisión y repetición de las concesiones sea similar al número de salarios mínimos establecidos hace 12 años atrás”.
Exigen que la autoridad prevea los gastos íntegros que derivan de la autorización de poder explotar una concesión, es decir, sufragar el costo del trámite, ya sea la expedición o transmisión, amén de sufragar el costo de una unidad nueva o seminueva que no exceda los 10 años de antigüedad.
“Una persona con un salario mínimo o asalariado no podría cubrir en su totalidad derivando así el monopolio de las empresas transportistas, cuyo principal objetivo de crecimiento es la invasión ilegal de las rutas”, puntualizó.
ACUSAN EXTORSIONES DE POLICÍAS MUNICIPALES
De igual forma, acusó que los concesionarios, permisionarios y operadores, “hemos sido objetos de arbitrariedades y abuso de autoridad por parte de los ayuntamientos y de los elementos de vialidad, con la aplicación ilegal del reglamento de vialidad estatal y municipal”.
Agregaron que los alcaldes autorizan el cierran de calles, lo que ocasiona el cambio de circuito y de lugares para ascenso y descenso de pasaje, sin previo aviso, “actos que en consecuencia genera invasión de rutas, con lo cual lesionan y transgreden nuestros derechos humanos y garantías individuales”.
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