Integrantes de asociaciones, colectivos y grupos pastorales defensores de los derechos, así como activistas e investigadores, solicitaron ser tomados en cuenta en el análisis de la iniciativa de la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Tlaxcala, presentada la semana pasada por la diputada Marcela González Castillo.
En conferencia de prensa Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julia Garcés, quien estuvo acompañada de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que en el Congreso local fue entregado un documento con una serie de observaciones hechas a esa propuesta, al considerar que de ser aprobada tal como actualmente está atentaría contra el derecho humano constitucional del acceso al agua potable.
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Explicó que la propuesta de ley no incluye la preservación de los actuales cuerpos de agua ya sean superficiales o subterráneos y que, principalmente, no es garante del derecho humano al agua individual y colectivo, además de que plantea regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado.
Es decir, el derecho al agua se condiciona a la existencia de la infraestructura y a lo dispuesto en la propuesta de ley y no al revés, una ley y el desarrollo de esta infraestructura para garantizar el derecho humano al agua, explicó.
De forma individual, Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Pedro Moctezuma Barragán, integrante de “Agua para Todos”, lamentaron que la iniciativa establezca la suspensión del servicio a quien no lo pague.
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Entonces el agua no se considera un derecho humano, sino una mercancía que deberá medirse porque la propuesta de ley establece la instalación de medidores, dejando así el agua disponible a quien pueda pagarla, sin considerar que en el ámbito doméstico muchas familias la utilizan para la manutención de animales para la autoconsumo, reprobaron.
También señalaron que la proposición centraliza y desconoce la gestión y administración del agua que realizan las comunidades, a través de sus comités comunitarios, que son grupos de ciudadanos elegidos por sus comunidades, mecanismo que ha garantizado por décadas el abasto del vital líquido.
Agregaron que la iniciativa quita a las industrias su responsabilidad en el tratamiento de sus aguas residuales, a pesar de que son el sector que vierte las sustancias más tóxicas a los cuerpos de agua, principalmente al rio Zahuapan, y que por el contrario plantea el tratamiento del agua a través de organismos operadores, con la posibilidad de iniciar un proceso de privatización del tratamiento de aguas residuales.
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También hablaron sobre la disposición que establece infracciones a quienes inciten a la comunidad a incumplir con lo señalada en la ley que está siendo analizada, y como ejemplo pusieron protestas en contra de aumentos injustificados del costo del servicio.
De forma general demandaron una ley que garantice el derecho humano al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación, para asegurar que el vital líquido sea accesible, asequible y para que sean conservados los actuales niveles de agua superficial y subterránea, en favor de las siguientes generaciones.
Alejandra Méndez explicó que la propuesta de ley no incluye la preservación de los actuales cuerpos de agua ya sean superficiales o subterráneos y que, principalmente, no es garante del derecho humano al agua individual y colectivo.
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