Para integrar la Ley de Desaparición de Personas y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas para el Estado de Tlaxcala, diputados, académicos, juristas y especialistas en la materia, participaron en un foro en el que, entre otras cosas, plantearon que es necesario establecer medidas para la prevención y atención a las víctimas de este delito.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Bertha Mastranzo Corona, señaló que uno de los objetivos principales de ambas leyes será la creación de una comisión estatal de búsqueda de personas que tendrá que estar a cargo de la Secretaría de Gobierno.
En las instalaciones del Poder Legislativo, explicó que debe contemplar la participación de los familiares en las acciones que se vayan generando, permitiéndoles acceso a la información de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como aportar indicios y evidencias acordes a los protocolos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Dijo que al integrar el marco normativo se van a establecer las competencias entre el Estado y sus municipioscon esta ley se pretende que desde sus respectivas competencias puedan hacer un trabajo coordinado para establecer el paradero de las personas desaparecidas.
Añadió que al establecer el mecanismo estatal de coordinación en materia de búsqueda de personas, el objetivo principal será investigar, sancionar y erradicar este grave delito.
La legisladora argumentó que las estadísticas que se derivan de estos delitos deben motivar a la protección de las víctimas. En su oportunidad, la magistrada del Poder Judicial, Rebeca Xicohténcatl Corona, destacó que la entidad no es referente en delitos de desaparición forzada cometidos por servidores públicos, pero si en casos realizados por particulares en la modalidad del sexo-servicio, de ahí la necesidad imperante de legislar en la materia.
- La integración de una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas quedó establecida desde el año 2017, cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y, a la fecha, solo 13 estados han dado cumplimiento, por lo que Tlaxcala presenta un rezago en la materia.
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