Con el planteamiento de garantizar el derecho humano y el acceso a la justicia ambiental, para la solución de conflictos jurídicos de esta naturaleza, la diputada local Marcela González Castrillo, propuso la expedición de la Ley de Protección al Medioambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala.
Al señalar que la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala vigente, ya es un ordenamiento obsoleto, pues no responde a las actuales condiciones que se viven en la entidad, para garantizar la protección, preservación y restauración del ambiente.
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Durante la exposición de motivos de la iniciativa que fue turnada a comisiones, la congresista destacó la necesidad de generar condiciones actuales, así como renovar las instituciones para que la administración pública cuente con una mayor capacidad de respuesta para la instrumentación de sus planes y programas de gobierno.
Resaltó la importancia de actualizar el marco legal, que vigorice las políticas encauzadas a atender temas prioritarios como el desarrollo sostenible, para el cuidado y protección del medio ambiente, en un ordenamiento conformado por 156 artículos, distribuidos en cuatro títulos.
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Cabe señalar que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue expedida el dos de marzo de 1994, por lo que a 26 años de la publicación de este ordenamiento, la legisladora planteó que ante la intensificación y diversificación de los problemas ambientales, ya no existe un marco regulatorio adecuado para garantizar el derecho al medioambiente sano.
La propuesta para integrar la nueva ley en la materia establece principios de precaución, prevención, corresponsabilidad ambiental, responsabilidad objetiva, libertad en el uso de los bienes ambientales, visión integral ambiental y aplicación tecnológica.
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Asimismo, contempla la figura de la Secretaría de Medio Ambiente, instancia encargada de elaborar, ejecutar y evaluar la política en materia ambiental, además del cuidado y conservación de los recursos naturales; que funge como órgano permanente de enlace institucional con los gobiernos federal, municipal y la sociedad civil.
La propuesta también establece la creación de un fondo ambiental, para establecer los mecanismos para la reducción de bolsas de plástico, los popotes y el unicel, elementos que generan una gran cantidad de residuos, que acumulados producen los gases de efecto invernadero.
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También busca establecer las medidas de protección y actuación por parte de las instituciones de los gobiernos estatal y municipal, para sancionar a quienes de forma intencionada hagan mal uso de los recursos naturales o no cumplan con los criterios de cuidado.
- En lo que va de la LXIV legislatura, esta es la segunda iniciativa que se plantea para la creación de una nueva ley ambiental.
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