Para no alterar el ciclo del agua y evitar afectar los cultivos agrícolas, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Marcela González Castillo, planteó una serie de reformas y adiciones a la Ley de Protección del Medioambiente y desarrollo sostenible para eliminar el uso de cañones antigranizo.
Desde la tribuna del Poder Legislativo, expuso que estos cañones son instrumentos mecánicos y tecnológicos cuya finalidad es la conversión del granizo en lluvia líquida a través de ondas sonoras que elevan la temperatura de la nube y, por ende, derriten y transforman el hielo en líquido, lo que genera un efecto atmosférico inducido.
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Por ello, acusó que la modificación intencionada del clima se ha convertido en un arma al servicio del poder en contra de los campesinos tradicionales para fortalecer a las grandes industrias trasnacionales.
Asimismo, señaló que este fenómeno se ha replicado en distintas regiones agrícolas del país, en donde los campesinos se han visto comprometidos a adquirir créditos y deudas para sostener a sus familias durante este inducido estiaje.
De esta forma y ante la falta de un marco regulatorio de normas técnicas para su operación, de indicios claros respecto de la afectación al medioambiente y el abuso en su aplicación por parte de las grandes transnacionales, provocó la necesidad de construir desde la normatividad ambiental una prohibición de carácter expreso a esta actividad que lesiona a productores, campesinos y en general al ecosistema del estado.
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Por ello, la presidenta de la Comisión de Medioambiente del Congreso local planteó prohibir, de manera expresa, la alteración de este ciclo vital por medio de insumos tecnológicos, además de catalogar como grave en contra del medioambiente la utilización de tecnología para la alteración del ciclo hidrológico en todo el territorio estatal.
De esta manera, aseveró, extenderán el margen de protección legal a quienes de manera clara han sido afectados por la protección de los intereses económicos y que con estas modificaciones tendrán un marco jurídico acorde para hacer exigible su derecho a un medioambiente sano y sin alteraciones ni perjuicios sociales.
En reiteradas ocasiones, los campesinos, principalmente del oriente del estado, han denunciado el uso de estos aparatos para evitar que el granizo pueda dañar los vehículos que son ensamblados por Audi y Volkswagen ubicadas en San José Chiapa, municipio colindante con Tlaxcala.