Imponer la compra de útiles escolares y uniformes en lugares determinados quedó prohibido en Tlaxcala, de ahí que personal educativo que asigne lugares específicos para la adquisición de estos recursos incurrirá en falta administrativa y será denunciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) determinaron la Estrategia de Desmercantilización del servicio educativo en la entidad para el ciclo escolar 2022-2023, que establece cuatro primeras acciones para garantizar el derecho a la educación y combatir la corrupción.
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El documento, que remitirán a las instituciones educativas, surgió para atender las problemáticas y conflictos generados en últimas semanas por la imposición de lugares y cuotas en el proceso de inscripción y reinscripción.
Por lo tanto, quedaron eliminados los puntos de venta de uniformes, lo que aplicará en la adquisición del uniforme único para estudiantes de educación básica y media superior en la entidad, de ahí que la alusión para la compra de uniformes por parte de autoridades escolares y docentes implicará una responsabilidad del servidor público y amerita una sanción administrativa de conformidad con la ley.
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El segundo punto establece que, para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las cuotas escolares voluntarias, en respuesta a las denuncias públicas por presuntos malos manejos de recursos, propusieron que las asambleas escolares y comités de padres de familia firmen, de manera voluntaria, el instrumento jurídico de conocimiento y acción legal para garantizar la transparencia de rendición de cuentas de las cuotas escolares voluntarias.
El documento especifica que este recurso tiene el propósito de incentivar la participación de los padres, madres y tutores de familia en la mejora y funcionamiento de la escuela siempre que sea voluntaria y no necesariamente económica, de ahí que pueden hacer tequios y jornadas de apoyo en las escuelas. En caso de la aportación económica, los implicados están comprometidos a rendir cuentas en asamblea pública, al menos, en tres ocasiones durante el ciclo escolar.
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El tercer punto establece la eliminación de los puntos de venta de libros para la educación media superior, la Sepe-Uset reconoció que los textos son herramientas didácticas, de ahí que los docentes solo deben señalar el título del libro, autor, año de edición y editorial, pero no pueden orientar o intervenir total o parcialmente en la venta de los textos a los estudiantes, tampoco pueden comercializarlos al interior de las instituciones educativas aunque tengan el consentimiento de la autoridad del plantel, lo que será motivo de sanción administrativa que determine la ley.
El cuarto aspecto fue la eliminación de solicitudes de exámenes médicos realizados en laboratorios clínicos o certificados que brinden servicios particulares, aunque no fueron prohibidos debido a que el sector educativo se ocupa de la salud en infantes y adolescentes, los padres de familia no deben acudir a instituciones privadas que implican costos, de ahí que las instituciones educativas deben orientarlos para acudir a las Unidades del Bienestar para la Salud que brindan el certificado médico de manera gratuita y será válido como documento oficial para el proceso de inscripción en instituciones educativas públicas.
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Las cuatro acciones quedaron determinadas en el plan “Vamos todos y todas por la educación” de conformidad al mandato constitucional de gratuidad de la educación pública y eliminación de posibles espacios de corrupción y/o desmercantilización del servicio público, de ahí que esperan el apoyo de las autoridades y personal de las instituciones educativas para contribuir en el aprendizaje de infantes y jóvenes como parte de la Estrategia Nacional para no dejar a nadie fuera de las escuelas.
PERSISTE IMPOSICIÓN DE CUOTAS ESCOLARES
Por otra parte, a una semana del inicio del ciclo escolar 2022-2023, diversos padres de familia han evidenciado la imposición de cuotas escolares para el ingreso de alumnos en diversas escuelas de educación básica.
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La denuncia, hecha llegar a este Diario, precisa que directivos de la Escuela Secundaria Técnica número uno, situada en el municipio de Tlaxcala, han pasado por alto el mandato del titular de la Sepe-Uset, Homero Meneses Hernández, para no cobrar cuotas, pues solicitan a los padres de familia mil 300 pesos para poder inscribir a sus hijos de nuevo ingreso.
De acuerdo con los quejosos, son alrededor de 700 alumnos los que se integrarán al ciclo escolar 2022-2023, de ahí que la suma recabada será importante.
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Compartieron que el número de cuenta y clave del depósito corresponde a una excandidata a gobernadora y ocupa el cargo de presidenta de la sociedad de padres de familia en la institución.
Revelaron que los datos bancarios se los hicieron llegar mediante grupos de WahtsApp, de ahí que a las afueras de la institución no hay información al respecto.
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Externaron que la acción es incongruente debido a que la máxima autoridad escolar en el estado ha declarado que la educación es gratuita, las cuotas son voluntarias y no deben condicionar el ingreso, pero esto no ocurre en las escuelas.
Aseguraron que la situación es replicada en diversas instituciones del estado, como la secundaria general Presidente Juárez, ubicada en la Loma Xicohténcatl, donde también piden cuotas de inscripción y hacen caso omiso a las indicaciones del secretario de Educación.
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Por lo tanto, pidieron la intervención de las autoridades educativas para que la aportación no sea una condicionante para el ingreso de sus hijos a la escuela.
LLAMADO
La Sepe-Uset llamó a los padres y tutores a presentar las denuncias correspondientes en la PGJE por imposición de cuotas y lugares para adquirir libros y uniformes.
Los exámenes médicos solicitados como requisito en el proceso de inscripción deberán solicitarlos en las Unidades del Bienestar de la Salud, donde no tienen costo y son válidos en instituciones educativas públicas.
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