“Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila” reza una expresión popular y, en ese tenor quedaron, muchos de los compromisos realizados por los integrantes de la sexagésima tercera legislatura, quienes en tres años no pudieron concretar su “ambicioso” plan legislativo.
Los pendientes todavía son varios, y el tiempo en la permanencia de sus funciones se les agota pues en menos de un mes dejarán ese cargo, por lo que es difícil que puedan desahogar las promesas realizadas, muchas de ellas desde las campañas políticas.
Y es que para los actuales congresistas, en varias ocasiones su prioridad no ha fue la labor legislativa, pues tan solo en el último año legislativo la mayoría de los integrantes decidió participar en las campañas políticas de los comicios de 2021.
Al menos 15 de los 25 diputados solicitaron licencia al cargo para contender en el proceso electoral local ordinario, y dejaron en segundo plano sus actividades legislativas para concentrarse de lleno en las proselitistas.
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Así, en un plazo de tres meses en diferentes tiempos, los congresistas pusieron en manos de sus suplentes sus funciones y responsabilidades y, en algunos casos, las curules quedaron acéfalas hasta que decidieron retomar sus labores.
LOS PENDIENTES
En el “limbo” quedaron reformas de importancia, como la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues a pesar de que existen dos propuestas, presentadas por los diputados Víctor Báez López y Luz Vera Díaz, no ha existido un acuerdo para concretar la creación de la institución. A más de dos años y medio de haber presentado el planteamiento y a pesar del desarrollo de foros, no hay un acuerdo para consolidar el nacimiento de la institución impartidora de justicia, ente autónomo que sustituirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Además, aun cuando la mayoría del Congreso local está conformada por precursores de la llamada cuarta transformación, cuyo lema es “no mentir, no robar y no traicionar”, y que entre sus principios fundamentales establece que el pueblo manda, mantuvo los muros del Poder Legislativo que impiden el libre tránsito en “la casa del pueblo”.
Y es que a pesar de que fue presentada una iniciativa para que el titular de la Secretaría Administrativa dispusiera de los recursos económicos necesarios para retirar los muros denominados “de la ignominia”, ubicados en el Patio Vitral y que fueron colocados durante la remodelación del Palacio Legislativo, el proyecto quedó en el recuerdo y en tres años no pudo ser dictaminado.
Temas de mayor trascendencia como la legislación para ampliar las causales para permitir el aborto se mantienen en comisiones sin que figuren para ser desahogadas, y en una situación similar está la legalización de la mariguana.
La ley del Seguro de Desempleo y la de Movilidad son otros de los pendientes que no fueron retomados, pese a que con la contingencia sanitaria por Covid-19 los congresistas propusieron variantes a la propuesta para que las personas que perdieran su empleo tuvieran un ingreso mínimo.
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Otro de los sellos de la actual legislatura fue la corrección o la observación a sus dictámenes por violaciones en el proceso o por transgredir normas locales con las federales al invadir las esferas de competencia.
Es el caso de la Reforma Electoral realizada “al vapor” por los congresistas, en la que solo atendieron cuestiones procedimentales, dejando de lado los temas normativos de fondo y que, por violaciones al proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la dejó sin efectos.
LOS VETOS SIN RESOLVER
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, por considerar que hubo transgresiones a las normas locales, presentó diversos vetos en contra de iniciativas aprobadas por los actuales diputados, que a la fecha no han sido resueltas.
Aunque la austeridad republicana es uno de los principios que rigen a la mayoría de los congresistas, no pudieron superar el veto a la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tema que no volvió a ser contemplado para su discusión o para atender las observaciones realizadas.
Así como las modificaciones a la Ley de Protección Civil para el Estado que, entre los cambios, dotaba de facultades a la Coordinación Estatal como a las municipales para verificar, en el ámbito de su competencia, hospitales, infraestructura para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos, museos y hasta iglesias. La otra iniciativa que fue sometida a un nuevo análisis fue la de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, que prohíbe el uso indiscriminado de bolsas de plástico, popotes y unicel, en los temas de verificación y presupuesto para poner en marcha la normatividad.
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Otro de los ordenamientos que no entró en vigor y en el que tampoco fueron atendidas las observaciones es la nueva Ley de Definición de Límites Territoriales Intermunicipales del estado de Tlaxcala, en la que fue establecido que presentaba una incompatibilidad con la Carta Magna y una vulneración a la Constitución Política del estado de Tlaxcala.
Esta nueva ley pretendía la creación de una Comisión Estatal de Límites Territoriales para delegar la resolución de los conflictos a los miembros de la administración pública estatal, y no al Congreso local, como se establece desde la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
Al menos cuatro vetos mantiene pendientes por atender el Congreso local.
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