Con el fin de fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero, la senadora de la República, Minerva Hernández Ramos, propuso que sea un auditor externo quien emita un informe anual en el que evalúe la eficacia operativa de las medidas antilavado de los sujetos obligados y se dé seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables de los sujetos obligados.
Mediante una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORP), la legisladora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional también planteó que sea el Sistema de Administración Tributaria quien pueda establecer los requisitos que deba reunir el auditor responsable de la elaboración de dicho informe.
“Con esta medida, el sistema de combate al lavado de dinero se verá fortalecido; quienes realizan actividades vulnerables mejorarán su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en prevención de lavado de dinero al aportar información más útil para que se investiguen los ilícitos”.
La representante por Tlaxcala reconoció que si bien México ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico a fin de controlar el flujo de dinero proveniente de actividades delincuenciales; la sofisticación de las operaciones que se realizan con este tipo de recursos ha contribuido a la impunidad del lavado de dinero.
Por ello, destacó que en México se requiere una medida de gestión de cumplimiento para que los sujetos obligados de la LFPIORPI estén constreñidos a cumplir con las obligaciones que tienen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SAT están encargados de supervisar el cumplimiento de la normatividad antilavado, a este último le toca supervisar más de 56 mil sujetos que realizan actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero y no se da abasto.
Lo que origina que los sujetos obligados de la ley tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por lo tanto, no cumplen como es debido.
“Dentro de este contexto, cobra relevancia que el SAT tenga a su alcance una herramienta que le permita asegurar que los sujetos que están bajo su supervisión efectivamente estén instrumentando acciones que eleven su nivel de cumplimiento respecto de las normas antilavado de dinero”, asevero.
El documento presentado al Pleno del Senado de la República señala que el auditor externo evaluará la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables de los sujetos obligados.
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