Con el propósito de establecer un marco normativo que armonice y homologue las prácticas de justicia cívica en el país, así como los catálogos de faltas administrativas, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Ángel Caballero Yonca, presentó la iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica.
En su momento, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso local subrayó la importancia de esta Ley, al tiempo que destacó que la justicia cívica es un conjunto de procedimientos y mecanismos orientados a fortalecer el buen gobierno mediante la promoción de la cultura de la legalidad.
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De esta forma, la propuesta normativa, que contempla tres títulos que comprenden un total de 86 artículos, se enfocan en regular las faltas administrativas y los procedimientos para su resolución, además de establecer criterios uniformes y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, señaló que este sistema busca resolver de manera ágil, transparente y expedita los conflictos derivados de la convivencia social, evitando que estas disputas escalen hacia conductas delictivas o situaciones de violencia.
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De acuerdo con el dictamen, esta ley tiene un rezago de cinco años, pues fue abordada por la Comisión de Justicia Cívica que sesionó el pasado 9 de septiembre de 2019, a fin de realizar el análisis y discusión de las adecuaciones necesarias al Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios en México y la implementación de la justicia cívica en los municipios del país.
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En ese momento, menciona el dictamen, la comisión contó con la participación de los representantes de las Secretarías de Seguridad Municipal y Presidencias Municipales de diversos estados y municipios de la República, así como representantes de la sociedad civil y con la asistencia de Germán Castillo, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la República.
Por lo anterior, después del estudio y análisis minucioso fue observada la necesidad de contar con una Ley que homologue las prácticas de justicia cívica en el país y los catálogos de faltas administrativas.
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