Para contar con disposiciones claras en materia de seguridad pública, diputados locales propusieron la expedición de las leyes de Disciplina de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; la que Regula los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tlaxcala y la de Promociones y Ascensos para las personas Integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
La diputada Reyna Flor Báez Lozano presentó la iniciativa para expedir la Ley de Promociones y Ascensos para las Personas Integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que busca reconocer la labor policial, definir e incorporar al orden jurídico estatal la normativa que rija los premios, estímulos y reconocimientos a los que los integrantes de las instituciones de seguridad pública del estado tengan acceso.
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De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, la finalidad de esta ley es reafirmar el compromiso del gobierno y las instituciones públicas, así como de los Poderes del Estado, con la seguridad y el bienestar de sus habitantes, al tiempo que fortalece la estructura de sus cuerpos policiales y garantiza que, quienes dedican su vida a proteger a la ciudadanía, lo hagan en condiciones dignas y con las herramientas necesarias.
Manifestó que el papel de los elementos de seguridad es crucial para la preservación del Estado de derecho y el respeto hacia los derechos humanos, por tanto, se estima que el reconocimiento, traducido en promociones y ascensos son una forma en la que el Estado retribuye a quien, con su valor e, incluso, la vida, consolida la confianza y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Señaló que las promociones y ascensos para los elementos de seguridad son fundamentales por diversas razones, tanto para el desarrollo individual de los agentes como para el funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad.
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Explicó que este marco jurídico tendrá como ejes rectores la motivación y compromiso; mejora en la eficiencia operativa; retención del talento, lo cual mediante condecoraciones y ascensos produce que en las instituciones exista una disminución de la rotación; el fortalecimiento institucional y la mejora del servicio público.
LEY DE DISCIPLINA POLICIAL
Por su parte, la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez planteó la creación de la Ley de Disciplina Policial, que establece las bases de una nueva cultura gubernamental de los derechos humanos policiales, es decir, que todos los servidores públicos, independientemente del rango y de las funciones que desempeñen, deben conocer y entender los derechos humanos y actuar en consecuencia.
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De esta manera, indicó que estarán en posibilidades de llevar a cabo sus funciones con disciplina y con respeto a estos mínimos vitales, de ahí que esta propuesta tratará de forjar, en primer lugar, policías honrados que conozcan y respeten los derechos humanos para que, consecuentemente, exista paz, orden y legalidad en libertad, además de inhibir la reproducción de conductas corruptas.
Sostuvo que el ejercicio disciplinado y ético de la función policial es indispensable para el desarrollo y progreso en el Estado de Tlaxcala, de igual manera, constituye una herramienta valiosa para el aseguramiento de las personas, de sus bienes y de la sociedad misma. Por ello, manifestó, su resignificación desde el ámbito de los derechos humanos, a través de la implantación de una Ley de Disciplina Policial, debe ser una tarea de inmediata incorporación al orden jurídico del Estado.
REGULACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD
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En su oportunidad, el legislador Miguel Ángel Caballero Yonca afirmó que, ante la necesidad de la ciudadanía de contar con servicios de seguridad privados, las autoridades deben emitir una normatividad jurídica adecuada que regule la actuación que ofrezcan los prestadores del servicio privado y los obligue a cumplir con estándares mínimos para su funcionamiento, calidad, seguridad, capacitación, reclutamiento, entre otros aspectos.
De esta forma, puntualizó, las autoridades tendrán la capacidad de ejercer un control efectivo sobre las empresas o corporaciones de seguridad privada y obligarlos a que cumplan con los requisitos y condiciones que, por un lado, aseguren un servicio adecuado a los contratantes y que, por otro, no representen un peligro para la sociedad.
Subrayó que la importancia del tema y las implicaciones que los servicios privados de seguridad tienen en la sociedad, amerita que las disposiciones relativas a su supervisión y regulación se encuentren al nivel de leyes, con la cual otorgarán certidumbre jurídica a quienes prestan y en consecuencia reciben el servicio, así como a terceras personas que pudieran verse afectadas por los actos que desarrollen tanto los propietarios como sus elementos.
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Explicó que en materia de inspección y vigilancia se establecen las facultades de actuación del estado, al establecer mecanismos para la atención y seguimiento a las quejas y denuncias que se generen contra empresas o personal de las mismas corporaciones de seguridad privada, con el fin de generar mayor certidumbre y legalidad en las actuaciones y operaciones de los prestadores de servicios de esta materia.
Finalmente, consideró que busca preponderantemente mantener el eje rector que debe custodiar el Estado, al otorgar patentes a los particulares que ofrecen y ejercen actividades de seguridad privada civil, pero también busca profesionalizar la actividad, proteger a los trabajadores y sus derechos laborales, ofrecer mayores garantías a los usuarios de estos servicios, incrementar el apoyo de estos cuerpos de seguridad para la protección y prevención del delito en las comunidades.
Las tres propuestas fueron turnadas a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado para su dictaminación.
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