Con una reforma a la Constitución Política del Estado, el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel Ángel Caballero Yonca, propuso que cualquier persona pueda ocupar el cargo de secretario de Gobierno, siempre y cuando tenga siete años de residencia mínima en el estado, anteriores al día de la designación, lo cual hasta el momento está reservado únicamente para ciudadanos nacidos en la entidad.
De esta forma, el legislador también pretende establecer un haber de retiro para los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje y demás tribunales estatales, además de que no podrán ejercer actos de representación legal o litigio en temas relacionados a su función.
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De igual forma, la creación de un órgano de control interno en el Órgano de Fiscalización Superior, el cual será designado por el voto de las dos terceras partes del Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política.
En este sentido, expuso que su propuesta obedece a que la actual disposición prevé requisitos definidos en un momento y circunstancia histórica diferente a la que se vive actualmente, amén que los requisitos de nacimiento que implican ser originario o nativo de un lugar específico para acceder a un cargo en el ejercicio público, limita de manera injustificada y desproporcionada el derecho de otras personas a ocupar ese cargo público, vulnerando el principio de igualdad de derechos ante la ley.
Por otro lado, planteó colocar un “candado” para que ningún magistrado pueda durar en su encargo por un periodo mayor a 12 años, pues podrán ser reelectos por un periodo similar, pero con la aprobación de las dos terceras partes del total de diputados que integren la Legislatura.
Los detalles: ➡️ Privilegiará Miguel Ángel Caballero desahogo de pendientes
Asimismo, espera modificar los tiempos en que la persona titular del Poder Ejecutivo presente su informe anual de actividades ante el Legislativo y que, además, sea no solo físico, sino digital, para lo cual planteó que sea entregado en los primero cinco días de diciembre, tal y como lo prevé la actual normativa y en su último año de administración será también en los primeros cinco días de agosto.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y discusión.