Mientras que el gobierno estatal hizo público que solo reconoce a Marlene Alonso Meneses como presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), ella presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal contra los comisionados David Cabrera y Francisco Morones por el presunto delito de usurpación de funciones y, en el Congreso, solicitó que se inicie un juicio político contra estos personajes quienes la semana pasada la destituyeron ilegalmente del cargo.
Incluso, aseguró que sigue siendo quien detenta el manejo de los recursos públicos como lo marca el artículo 20 fracción tercera, que la hace administradora del dinero y de los cargos técnicos.
“Quien se ostenta como presidente estaría cayendo en un delito al querer administrar los recursos, ya que la forma en que quieren acreditar la presidencia no está por encima del decreto emitido por el Congreso”, enfatizó.
En tanto, enfático, el secretario de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, manifestó que el Poder Ejecutivo reconoce a Marlene Alonso Meneses como la legal presidenta del IAIP-Tlax.
Lo anterior, derivado de los dos Decretos emitidos por el Congreso del Estado en los que nombraron a Marlene Alonso por siete años en el cargo y tres como comisionada presidente; cinco años a Francisco Morones y tres a David Cabrera, quien la semana pasada se autoproclamó como titular de ese organismo autónomo.
Entrevistado tras encabezar la inauguración del segundo foro de municipios que conforman la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, en la cabecera municipal de Zacatelco, manifestó que los actos de David Cabrera Canales como presidente del IAIP-Tlax carecen de legalidad.
Es más, Cervantes Zepeda convocó a los comisionados David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, quienes la semana pasada y de manera sorpresiva hicieron una supuesta sustitución de la presidencia del ente autónomo, que reconsideren su posición, rectifiquen su conducta y lleguen a acuerdos para beneficio de la institución.
Reveló que en días pasados él mismo sostuvo una reunión con los tres comisionados en Palacio de Gobierno y les hizo el mismo llamado de rectificar para “conciliar los intereses y que se pongan a trabajar, es lo que se debe hacer en esa institución… pero intereses particulares o de grupo están provocando que se forme un conflicto ahí, pero el Congreso tomará cartas en el asunto para definir lo más pronto posible”.
Agregó que a partir de la emisión de los dos decretos del Poder Legislativo que nombraron a Marlene Alonso Meneses como comisionada presidente del Instituto “nosotros como Ejecutivo tenemos que respetar la ley, para eso se hizo la ley, para que se respete y si hay un Decreto que establece que la presidenta debe durar en su función tres años, se debe respetar”.
Por otro lado, el comisionado David Cabrera Canales, con la ayuda de su homólogo Francisco Morones, celebró una sesión extraordinaria en la que ordenó el despido de los directores Administrativo y de Asuntos Jurídicos, Mario Cisneros Cruz y José Oscar Macías Montes, respectivamente, por supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, el propio Cabrera ordenó restituir a Dania Sánchez Hernández, como directora de Capacitación y Vinculación; a Concepción Flores Sandoval como directora de Informática y a Nanci Cuatzo en Comunicación Social, nombramientos que serían ilegales.
El Congreso del Estado va a intervenir porque existe una violación a los derechos de Marlen Alonso Meneses quien es la presidenta del Instituto… se está analizando y, en breve, se va a definir el tema Tito Cervantes / Procurador
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