A 100 días de la designación de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lograron, según ella, una disminución del 48 % en el rezago de los expedientes de quejas.
La propia titular precisó que fueron revisados todos los casos y detectaron que algunos tenían más de seis meses de iniciados, de ahí que a la llegada de la actual administración encontraron 302 expedientes de queja abiertos y radicados en las ocho visitadurías generales.
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Al momento, dijo que en el organismo autónomo, existen 217 archivos de queja y del 18 de junio a la fecha fueron radicados 75 expedientes, lo que revela que fueron concluidos 160 asuntos y cuatro de ellos lograron recomendación. Precisó que dichas recomendaciones fueron realizadas por demostrar las violaciones a los derechos humanos.
Agregó que en armonización con la legislación federal y local, atendieron necesidades urgentes y fue creada la Visitaduría especializada en asuntos de género y contra la trata de personas, la cual conoce de asuntos de discriminación de personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer (LGBTTTIQ+), con el objetivo de proteger y garantizar la igualdad y no discriminación de todas las mujeres y niñas.
Añadió que a tres meses de la creación de dicha visitaduría registra 24 expedientes de queja, además se creó un órgano interno de control encargado de prevenir, corregir, investigar y calificar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la CEDH.
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Otro rubro que abordó en el informe fue la Dirección de programas y atención a la sociedad civil, es que cuenta con acciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad para promover los derechos humanos de las mujeres, adultos mayores, población penitenciaria, personas desaparecidas, con discapacidad, trata de personas, migrantes, indígenas, LGBTTTIQ+, así como niños, niñas y adolescentes.
Precisó que registran diversas jornadas de servicios, 393 atenciones psicológicas, jurídicas, trabajos social y médica, además que 139 personas privadas de su libertad en alguno de los centros de internamiento del estado.
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