La reforma al Poder Judicial se hará bajo el estricto respeto a la división de poderes, aseguró la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, al anunciar el foro de análisis que se llevará a cabo este 28 de junio en la entidad tlaxcalteca.
En conferencia de prensa, sostuvo que “nosotros vamos a escuchar y vamos a ser sensibles a la perfección de este instrumento jurídico que es de beneficio para todo el pueblo de México, de tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos políticos y los académicos que tienen que ver con este sector van a participar con la gran oportunidad de perfeccionar, lo que no vamos a permitir es el retroceso”.
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En conjunto con su homólogo José Antonio Álvarez Lima, Ana Lilia Rivera sostuvo que la reforma será altamente pública, por ello convocó a que este viernes en el auditorio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala la gente participe en la discusión de la reforma y su enriquecimiento.
“AMARRAR LAS MANOS” A LA CORRUPCIÓN, EL OBJETIVO
Los congresistas federales señalaron que la iniciativa contempla 16 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que plantearon que “la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial tendrá que poner sus 'barbas a remojar', llegó el tiempo del pueblo y al pueblo ya nadie lo va a engañar”.
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Enfatizaron que para que exista una integración democrática del Poder Judicial, que el procedimiento lleve a los tres Poderes a participar en la propuesta, en el caso de la Suprema Corte de Justicia impulsará a 10 candidaturas; en tanto, el Ejecutivo propondrá a otros 10 integrantes; mientras que el Legislativo presentará 10 propuestas, cinco corresponderán a la Cámara de Diputados y cinco a la de Senadores.
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Todas las propuestas se someterán a un proceso de idoneidad que calificará el Senado de la República en comparecencias públicas abiertas que designará a las y los candidatos que habrá de votar el pueblo en elecciones populares democráticas y libres organizadas por el Instituto Nacional Electoral, sin la participación de los partidos políticos y la vigilancia de no intromisión.
Álvarez Lima y Rivera Rivera adelantaron que, aunque la reforma es federal, también tendrá incidencia en las entidades para reformar las estructuras de los poderes Judiciales, para evitar que los Ejecutivos y legisladores locales impongan a los integrantes, orientando la medida a “amarrar las manos” a la corrupción.
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Para la discusión y análisis los foros estarán abiertos a la ciudadanía general, académicos, profesionales en derecho, integrantes de los tres Poderes, investigadores y activistas, para integrar un proyecto que responda a las necesidades del país y se deje de mal informar o comparar con lo que se ha hecho en otras regiones.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera refirió que la reforma plantea la disminución de integrantes del Poder Judicial, en el caso de la Suprema Corte de Justicia que hoy cuenta con 11 ministros se plantea una reducción a nueve y una disminución en el periodo de desempeño de 15 a 12 años.
Además, se busca implementar un proceso de ratificación de los ciudadanos, para que sean ellos quienes califiquen el desempeño de los juristas y su permanencia en sus funciones. Por ello, en los foros quedará planteado lo que quieren hacer y en ellos se definirá cómo se va a hacer.
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Los senadores morenistas apuntaron en todo momento que la intención de la iniciativa es abatir la corrupción, que quede atrás el “servilismo” de quienes son designados en el Poder Judicial, debido a que “deben” la designación a alguien.
Aún no se han establecido los plazos definitivos en los que se pueda concretar la reforma y los tiempos en que se lleven a las entidades federativas; sin embargo, la intención es que una vez puesta en marcha la definición de los magistrados tanto judiciales como electorales, sean votados en los procesos electorales para Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.
La reforma es parte de las anunciadas por la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que será presentada en el mes de septiembre ante el Congreso de la Unión.
- De aprobarse la reforma, la primera votación sería en 2025.
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