A casi cuatro años de haber sido estructurada de forma oficial, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tlaxcala es considerada regular, tanto en su operatividad como en los resultados otorgados.
De acuerdo con la segunda edición del informe “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, que califica el marco jurídico, presupuesto recibido, capital humano, procesos de investigación y los resultados en el combate de la corrupción, en 2022 la fiscalía de Tlaxcala tuvo una ligera mejora en algunos rubros, pero empeoró en otros, eso en comparación con el panorama de 2020.
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El reporte elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) y TOJIL Estrategia contra la Impunidad, revela el estado actual de todas las fiscalías anticorrupción que hay en el país, al comparar los resultados obtenidos en 2020 y 2022, y establece que en la medida en que esas instituciones cuenten con la normatividad, recursos y los procesos será posible asegurar un trabajo adecuado.
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El análisis de 2021 y 2022 indica que Tlaxcala, junto con Querétaro y Guanajuato, es una de las tres fiscalías que en ese lapso judicializaron más del 15 % de los casos iniciados.
Sin embargo, establece que la fiscalía carece de autonomía, ya que el nombramiento del titular depende directamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); además de que su marco jurídico es insuficiente, lo que repercute negativamente en la judicialización de casos penales por la ausencia de técnicas adecuadas de recolección de pruebas.
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Indica que la de Tlaxcala es una de las 10 fiscalías anticorrupción en las que no son realizadas investigaciones de oficio, es decir, a pesar de que la instancia conoce por medios distintos a la denuncia posibles delitos relacionados con corrupción, no inicia las investigaciones correspondientes, y con ello incurre en omisión o retraso.
Y a lo anterior se suma que Tlaxcala fue uno de los estados que empeoró con relación a los recursos ejercidos este año, al tener una disminución en su presupuesto.
RESULTADOS SON REGULARES
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Así, Tlaxcala pasó de tener resultados deficientes en 2020 a resultados regulares en 2022, eso con base en el número de procesos penales iniciados por el delito de corrupción, los procesos resueltos y su terminación o resolución.
En ese lapso, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tlaxcala inició 559 investigaciones, determinó 143 (ocho por archivo temporal), judicializó 126 y vinculó a proceso 24, pero al momento no hay ninguna resolución o alguna con sentencia condenatoria.
Ello significa que del total de las investigaciones iniciadas, el 23 % fue judicializado y, de esas, el 19 % fue vinculado a proceso. Eso es una mejora en comparación con 2020 cuando la fiscalía judicializó el 3 % y vinculó a proceso el 6 % (624 investigaciones iniciadas, 22 determinadas, 16 judicializadas y una con una vinculación a proceso).
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SU MARCO JURÍDICO
El estudio coloca a la fiscalía de Tlaxcala en un nivel de cumplimiento deficiente en su marco jurídico (prácticamente sin algún cambio desde su creación) que fundamenta su actuación, y entonces los posibles hechos de corrupción son investigados con los mismos parámetros generales que cualquier otro delito.
En el caso de la fiscalía de Tlaxcala, destaca que no es autónoma al depender de la PGJE, y que únicamente cuenta con el fundamento legal de su creación, con el Catálogo de Delitos de Corrupción, con su Ley Orgánica y con su organigrama.
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Pero expone que carece de un reglamento interior, de un manual de procedimientos y de protocolos de investigación, de preparación de audiencias, de protección a testigos, de entregas vigiladas, de operaciones encubiertas y para la detección de corrupción al interior del organismo, y al momento no ha emitido algún acuerdo que refuerce su actuación.
DINERO ASIGNADO
Actualmente la asignación del dinero que ejerce es deficiente, pero en 2020 fue calificada como satisfactoria, pues en 2019 recibió nueve millones 786 mil 514 pesos; en 2020 nueve millones 487 mil 644 pesos; en 2011 su presupuesto fue de 11 millones 272 mil 891 pesos y para este año fue de 10 millones 766 mil 609 pesos.
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Esto representa una disminución del 4.5 % entre 2021 y 2022, pero un incremento del 10 % de 2019 a 2022; y es una notoria diferencia con el presupuesto promedio nacional que este año fue de 32 millones de pesos.
A lo anterior se suma que la fiscalía del estado carece de una independencia presupuestal de la PGJE y, a diferencia de 2020, en 2022 no adquirió inmuebles, vehículos, equipos de cómputo, mobiliario y tampoco posee un software para la gestión de sus procesos.
El reporte de IMCO y TOJIL advierte que la falta de recursos limita la capacidad operacional para hacer las investigaciones por posibles hechos de corrupción.
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LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Según el reporte, contar con la cantidad y calidad de capital humano es fundamental para la investigación de la corrupción, pues tiene que ver con las cargas de trabajo y los tiempos de respuesta de la fiscalía.
Además, sin personal suficiente y bien capacitado, difícilmente los casos serán investigados de manera oportuna, aunque aclara que un mayor número de trabajadores no significa que la fiscalía es mejor.
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El rubro de capital humano de la fiscalía local fue evaluado como regular, y tuvo una mejora en comparación con 2020 cuando fue considerado deficiente.
En un escenario igual al de 2020, Tlaxcala cuenta con cuatro ministerios públicos, seis policías y ningún perito. El informe indica que la falta de ese personal especializado puede generar retrasos y omisión en la investigación.
En la entidad, durante 2022, en promedio cada ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción hizo 140 investigaciones (en 2020 fue de 156), cada policía hizo 93 (en 2020 fueron 104) y no hay ninguna por parte de peritos.
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Apunta que en este momento todos los ministerios públicos y policías tienen licenciatura y recibieron capacitación; además, en la fiscalía existen investigaciones en curso sobre el personal y también ha interpuesto sanciones administrativas.
GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS
La fiscalía estatal no posee mecanismos o procesos para el inicio y desarrollo de las investigaciones, aunque es una de las 24 en donde el ministerio público que inicia la investigación es quien la judicializa y eso asegura continuidad en el ejercicio de la función ministerial.
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El ente tiene cumplimento regular, igual que en 2020, pues únicamente cuenta con procesos de investigación por el mismo ministerio público que hace la judicialización hasta el final, con distintos medios para interponer una denuncia y la posibilidad de hacerlo de manera anónima. En 2022 instituciones públicas y ciudadanos presentaron denuncias y les fue otorgado y reconocido el carácter de víctima u ofendido.
El informe halló la carencia de un esquema organizacional para la gestión de casos, del registro de la investigación, de convenios de colaboración, de una plataforma activa para el desarrollo de las actuaciones, de investigaciones independientes y de investigaciones de oficio.
CREACIÓN DE LA FISCALÍA EN 2018
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El 13 de abril de 2018, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, oficialmente nació la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.
Según la ley, es el órgano con autonomía técnica y operativa para la investigación de hechos con apariencia de delitos, cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o por particulares por hechos de corrupción previstos en las leyes.
En octubre de 2018, durante la administración del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, Pedro Sánchez Ortega fue designado como el primer titular de esa instancia. Desde septiembre pasado, Ricardo Sánchez Ramírez funge como fiscal anticorrupción.
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Tlaxcala pasó de tener resultados deficientes en 2020 a resultados regulares en 2022, eso con base en el número de procesos penales iniciados por el delito de corrupción, los procesos resueltos y su terminación o resolución.
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