Del uno de enero a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) activó 33 Alertas Amber por desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala, mientras que en 2017 cerró con 91 de ellas.
De ese número registrado el año pasado, 86 fueron localizados y cinco no presentados, es decir, personas que saben su ubicación exacta y con quienes se encuentran, pero se niegan a regresar a sus hogares.
En lo que va de 2018, la PGJE activó 33 alertas y, de ellas, 23 personas fueron localizadas y diez no presentadas, números que comparados con el primer mes del año anterior va en aumento.
De acuerdo con la dependencia, el sistema de alerta es una herramienta de difusión que les ayuda a la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o por la presuma comisión de algún delito.
La autoridad encargada de autorizar y activar alertas es la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, pues son ellos quienes evalúan, analizan y, en su caso, realizan la activación.
Para la operatividad del programa, cuentan con un Comité Nacional y Coordinaciones del gobierno estatal, así como enlaces en todas las delegaciones de la PGR, mientras que los criterios que valoran para la activación de la alerta son que el desaparecido sea menor de 18 años y que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daños graves a su integridad.
El interés de las autoridades comienza con la clasificación, todos son desaparecidos sin distinción respecto a si fueron robados, extraviados, secuestrados, si su caso tiene relación con el narcotráfico, la explotación sexual, el robo de órganos u otro cuyo paradero es desconocido para sus familiares.
En la información gubernamental no hay separación de motivos de la desaparición, solo dividen los casos de acuerdo a si son del orden común o del fuero federal.
OPERATIVIDAD
- La alerta funciona a través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de datos con fotografía, en los medios de comunicación, además de que el gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional.
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