Después de informar que Tlaxcala recibe anualmente 800 millones de pesos de financiamiento del Seguro Popular, el secretario de salud, Alberto Jonguitud Falcón se pronunció porque no se utilice el programa para generalizar en temas de corrupción, pues en Tlaxcala no hay registro de ello. El pasado seis de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que cancelará el Seguro Popular, debido a actos de corrupción, pues tan solo en el sexenio pasado, el gobierno gastó 90 mil millones de pesos en medicinas que nunca llegaron a los centros de salud, por lo que se comprometió a federalizar el sistema. De ahí, Jonguitud Falcón aseveró que “si hay señalamientos de malversación en algunos lugares del país, donde seguramente se tomarán las medidas correspondientes, pero no se puede etiquetar o generalizar a todos los funcionarios públicos”.
Aseguró que en la entidad no hay registros de uso inapropiado de recursos, “es decir, no tenemos evidencia en ningún sentido de eso y los señalamientos que se hacen a nivel federal se tendrán que precisar, pero insisto, no se debe hablar de generalidades ya que hay estados que cumplen y cumplieron con la normatividad”.
En cuanto a la asistencia, detalló que el programa no presta servicios de salud, solo se trata de una forma de financiamiento, por lo que al sufrir modificaciones no habría cambios en la atención de los pacientes.
Recordó que financia a 261 acciones de salud, entre vacunas; labores preventivas y tratamientos; exámenes médicos completos para mujeres, hombres, niños y adultos mayores; cubría los gastos de enfermedades terminales como distintos tipos de cáncer y Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida: lo mismo que intervenciones quirúrgicas.
“A la Secretaría de Salud le preocupa los términos de financiamiento, porque necesitamos saber sobre la logística financiera y la normatividad, pero para ello, deberán hacer cambios a la ley, porque el Seguro Popular surgió y está plasmado con base a ello”, sentenció.
Los beneficiarios de aquel seguro son conyugues, parejas en unión libre, padres mayores de 64 años que dependan económicamente de la familia inscrita y vivan en la misma casa, hijos menores de edad o solteros de hasta 25 años de edad que sean estudiantes, hijos que presenten alguna discapacidad y cualquier persona que aunque no tenga parentesco sanguíneo habite y dependa económicamente de la familia siempre y cuando sea menor de 18 años de edad o con una discapacidad.
Que quede claro, los servicios se van a seguir dando independientemente de las decisiones que se tomen a nivel nacional
Alberto Jonguitud / Secretario de Salud
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