En lo que va del año, la entidad tlaxcalteca no registra casos por violencia política de género, revelaron cifras del Registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, hecho que llamó la atención debido a que este problema va al alza en el país, precisó Carla Humpherey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral.
La especialista en la materia impartió la ponencia “Violencia política de género”, vía remota en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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En su exposición, aseveró que entre 2015 y 2021 aumentó la violencia política contra las féminas, al pasar de 421 víctimas a mil cuatro en ese periodo, lo que representa un aumento del 135 %, según el Índice de Paz de México 2022.
Compartió que en la reforma de 2014 se introdujo el principio de paridad en la Carta Magna, la cual pasa por diversas resoluciones y acuerdos por las autoridades administrativas electorales, incluso por sentencias y jurisprudencias.
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No obstante, dijo que las mujeres todavía no estaban cercanas a lograr una paridad a nivel municipal, que es donde son más violentadas, pues ni el 30 % de este género ocupa la titularidad en las presidencias municipales. Puntualizó que la cifra se acortó en 2019, cuando fue lograda la paridad total, pero esto implicó un aumento de la violencia política contra las mujeres.
La consejera detalló que fue hasta la elección de 2020-2021, después de 40 iniciativas y seis años de intentos, que el 13 de abril de 2020 fue aprobado un concepto de violencia política para combatir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género.
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Por lo tanto, explicó que la violencia política contra las mujeres es cualquier sanción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado o en el público.
Además, aseveró que este tipo de agresión puede ser perpetrada por:
- Agentes estatales,
- Supervisores jerárquicos,
- Colegas de trabajo,
- Personas dirigentes de partidos políticos,
- Militantes,
- Simpatizantes,
- Precandidatos,
- Candidatos,
- Representantes de partidos políticos,
- Medios de comunicación
- Particulares.
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Carla Humpherey destacó que el tipo de atención es penal y administrativa, incluso las sanciones van de uno hasta seis años de prisión. Respecto a las acciones implementadas en este problema, mencionó que se encuentran los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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Además, precisó que el artículo 32 de los lineamientos, en la medida “3 de 3 contra la violencia”, los sujetos obligados deberán solicitar a los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta decir la verdad.
Finalmente, acotó que ha propuesto la creación de una Defensoría pública electoral para las mujeres encargada de garantizar los derechos políticos y electorales de este género en el país y brindar amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia y defensa de las mujeres que ocupan o pretenden ocupar cargos de elección popular y el ejercicio de liderazgo.
- 135 POR CIENTO aumentó la violencia política contra las mujeres en el país, en el periodo de 2015 a 2021.
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