En su última intervención en tribuna, la senadora Minerva Hernández Ramos, presentó un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En Sesión Ordinaria a distancia, la legisladora tlaxcalteca comentó que el orden jurídico nacional establece la protección a los consumidores, la cultura del consumidor y la directriz de procurar y cuidar certeza y seguridad jurídica entre proveedores de bienes y servicios y sus consumidores.
Refirió que la protección efectiva de los derechos de los consumidores se ha inhibido por la asimetría de la información, por los altos costos de transacción y por la débil capacidad de las instituciones para tutelar los derechos de los consumidores, por lo que, con la firme intención de cumplir con el mandato institucional y legal de protección a los derechos de los consumidores, propone una profunda reforma a la ley de la materia, misma que permitirá que el andamiaje legal y el programa institucional debla PROFECO caminen en la misma ruta, con el mismo objetivo.
Expresó que para convencer a los consumidores y vender productos, los proveedores no dudan en utilizar todos sus recursos, bombardeo de publicidad, anuncios dirigidos por tendencias de consumo, campañas de colocación de productos en programas de entretenimiento, solo por señalar algunos, pero ahí no termina; sucede que con algunos proveedores niegan al consumidor la entrega de productos, aduciendo que existió un error mínimo en la oferta del producto o que el consumidor se quiere aprovechar de su buena fe, sin que exista un área especializada que brinde atención personalizada con el propósito de solucionar este tipo de controversias, previo al inicio del procedimiento legal ante PROFECO. Es por ello que Hernández Ramos propone que sea obligación de los proveedores contar con personal capacitado para recibir las quejas o reclamaciones de los consumidores, que en el caso de cancelación de una compra en virtud de que el bien presenta fallas o defectos, sea el proveedor quien asuma los costos del flete y del seguro.
Respecto a poner un alto a la publicidad engañosa, la legisladora propone que esté prohibido que en la publicidad se aluda que el producto o servicio haya sido aprobado, avalado o recomendado por asociaciones profesionales.
También mencionó que se requiere fortalecer las capacidades institucionales de la PROFECO en aras de bridar una mayor protección a los derechos de los consumidores, por lo que propone establecer como parte de sus atribuciones las de emitir una opinión respecto a los contratos de adhesión previo al registro de los mismos, establecer medidas que aseguren la imparcialidad, lealtad, eficacia, probidad, honestidad de los servidores públicos que la integran y garantizar la profesionalidad e idoneidad del perfil que ocupe la titularidad de la PROFECO, siendo necesario que su trayectoria profesional haya sido destacada en las materias afines a la protección de los derechos de los consumidores y que acredite los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo .
Además requirió establecer mecanismos de rendición de cuentas por parte de PROFECO, por lo que planteó que de forma trimestral se envíe el Congreso de la Unión un informe sobre los resultados respecto a la aplicación de su programa institucional, dado que este tiene como objetivo los de promover el desarrollo productivo e inclusivo, generar condiciones de certidumbre y estímulo a la inversión, propiciar espacios para la colaboración público-privada, siendo oportuno que el Congreso tenga en su poder información de esta naturaleza para el mejor desempeño de sus funciones legislativas.
Entre otros de los planteamientos que hizo la senadora se encuentra el que la PROFECO realice foros y consultas con representantes de los diversos sectores, junto con instituciones de educación superior y con organizaciones de consumidores, a fin de conocer sus opiniones sobre la materia, mismas que se podrán incluir como parte del diagnóstico y de las consideraciones de esos planes y programas.
También que los grupos y organizaciones de consumidores puedan informar, orientar y educar a los consumidores en el adecuado ejercicio de sus derechos; que puedan brindar asesoría, que puedan proponer a la PROFECO mediante medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores, así como opinar respecto a las investigaciones realizadas de esa institución en el área de consumo.
Por último, mencionó que confía que estas reformas implicarán un avance significativo en el derecho fundamental a la protección de los intereses del consumidor; que con ellas se contrarresten las diferencias asimétricas entre las partes de una relación de consumo y que al momento de que sean aprobadas por esta Soberanía, procurarán que entre las relaciones entre consumidores y proveedores, exista equidad, transparencia y seguridad jurídica.
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