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Por un día, Tlaxcala se convirtió en sede del primer foro nacional para analizar la Reforma al Poder Judicial, el cual tiene como novedad realizar una elección para que la ciudadanía vote para elegir a los próximos magistrados en el Senado, pero también el acceso a la justicia pronta y expedita.
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El evento tuvo sede en el Teatro Universitario de la Autónoma de Tlaxcala, donde el rector de la casa de estudios fue el encargado de brindar el mensaje de bienvenida, externó que el foro es un esfuerzo de situar al frente los intereses de la sociedad en una lectura democrática, pues los Poderes deben asumirlo como parte de su oficio.
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Comentó que tras vivir dos guerras mundiales el Estado sufrió un proceso de transformación y se ha construido una transición del Estado Legislativo del Derecho al Estado Constitucional de Derecho.
Indicó que la visión de la validez formal del derecho y de la democracia tienen un enfoque diferente para constituir al Estado Constitucional de Derecho, que actualmente es emblemático modelo de organización política jurídica en la mayoría de los países del mundo.
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El rector de la UATx externó que la permanente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha contemporizado con las normativas recientes de todos los países y hoy se percibe como un escenario firme de democratización de las funciones públicas.
Por lo tanto, actualmente el trabajo de los jueces se inscribe en un escenario de emisión de sus decisiones correctas y justificables, para dar prioridad a los intereses de la ciudadanía, lo cual impacta en los ámbitos de ciencia del Derecho, así la Teoría de la Argumentación Jurídica es imprescindible de revisión.
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Serafín Ortiz destacó en su mensaje que Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, expresó que las propuestas aportadas en Tlaxcala serán dadas a conocer porque la entidad tiene un alto foro jurídico.
PLANTEAN VOTACIÓN PARA ELEGIR A MAGISTRADOS
Al tomar la palabra, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera puntualizó que en la UATx inició la difusión de la información de lo que representa la reforma al Poder Judicial, lo cual implica propagar el conocimiento jurídico de una de las actividades más importantes: procurar justicia.
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Aseveró que acudió a Tlaxcala para que, de manera imparcial y objetiva, hablarán de lo enmarcado en diálogos nacionales que confluirán el ocho de agosto para iniciar una discusión en la Cámara de diputados y senadores, pues están frente a la reforma más importante de la era moderna de uno de los pilares del Estado mexicano que es el Poder Judicial.
Detalló que la iniciativa abordada busca replantear la existencia del Consejo de la Jefatura Federal que se centra en la creación de dos instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Rivera Rivera explicó que el Órgano de Administración será un ente dotado de independencia técnica y de gestión que se separará de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será responsable de la administración, vigilancia, carrera judicial y control interno del Poder Judicial, el cual estará constituido de manera colegiada por cinco magistrados que permanecerán seis años en el cargo.
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Respecto a la designación de integrantes, la Reforma establece que constará de una composición tripartita respecto a los Poderes de la Unión: una persona será asignada por el titular del Poder Ejecutivo; una persona asignada por el Senado de la República mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; tres personas designará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de seis votos.
La senadora indicó que para mantener un equilibrio entre la diversidad de funciones que concentra el Consejo, parte del contenido de la reforma se dirige a la instauración de un Tribunal de Disciplina Judicial, el cual se verá dotado de independencia técnica y de gestión, estará conformado por cinco miembros elegidos por la ciudadanía a nivel racional y para ser elegibles como magistrados integrantes, los requisitos serán idénticos a los existentes y exigidos actualmente a los ministros de la Suprema Corte, lo cual asegura un alto nivel de profesionalismo y competencia.
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Puntualizó que, a diferencia de los requisitos que se exigen actualmente para los integrantes de la judicatura, para tomar dicho cargo se tiene previsto exigir una experiencia mínima de 10 años en actividades relacionadas con las funciones sustantivas del Órgano de Administración Judicial y contar con título en Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad o cualquier perfil relacionado.
Para la elección de los magistrados del nuevo Tribunal se iniciará con una convocatoria emitida por el Senado de la república durante el primer periodo de sesiones ordinarias del lado previo a la elección, el senado detallará etapas, procesos y plazos improrrogables del procedimiento, proporcionando la base sólida y estructurada para el desarrollo de la selección.
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La postulación se distingue por la participación de los tres poderes de la Unión en un ejercicio de equilibrio y corresponsabilidad, el Poder Ejecutivo nominará hasta 10 integrantes de manera paritaria; el Legislativo mediante votación calificada hará el nombramiento de dos integrantes; postulará la Cámara de Diputados a un integrante y la Cámara de Senadores a uno más y nominará hasta cinco integrantes el Poder Judicial de la Federación a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
IMPARTIR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA
De manera local, Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Poder Judicial en Tlaxcala, destacó que la iniciativa plantea reformar el párrafo cuarto del artículo 100 de la constitución para establecer que los magistrados que integren el Tribunal funcionarán en pleno, y que las determinaciones y sanciones serán definitivas.
Reiteró que serán elegidos de manera directa por voto popular, lo que contará con un proceso democrático y los partidos político no tendrán participación.
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Un punto importante que abordó Bañuelos Meneses fue que la reforma pretende impactar en los procesos judiciales a fin de que se resuelvan en un plazo razonable y se redoblen los esfuerzos por apegarse a los principios inherentes al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.
Destacó que los asuntos se deberán resolver en un plazo máximo de seis meses para asuntos fiscales y de un año para asuntos penales; pero de no ser así, el juzgador podrá ser acusado ante el Tribunal Disciplinario y tendrá la obligación de comunicar porque no ha resuelto dicho asunto.
Finalmente, comentó que con la reforma se pretende modificar 16 artículos de la constitución: el 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 116 y 112.
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