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Tlaxcala es una de las 18 entidades de México que no ha despenalizado completamente el aborto, y aunque en la congeladora del Poder Legislativo existen por lo menos dos iniciativas de reforma ley para revertir esa norma, no ha sido posible.
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Desde 2015, la legislación de Tlaxcala permite a las mujeres interrumpir su embarazo únicamente por cinco causales: cuando es producto de una violación, cuando han detectado malformación en el producto, cuando se dio de forma imprudencial o accidental, si pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando se trató de inseminación artificial no consentida.
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Y con esas disposiciones legales, Tlaxcala se convierte en una entidad en donde interrumpir el embarazo por decisión personal no está permitido, por lo que quienes deciden hacerlo acuden a clínicas en otros estados, regularmente en la Ciudad de México.
El pasado 15 de julio el Congreso de Puebla aprobó una serie de reformas al Código Penal local para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con eso, el vecino estado se convirtió en la entidad 14 en despenalizar el aborto.
Al momento, en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Sinaloa y Puebla las mujeres pueden por hacerlo por decisión propia.
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En abril pasado en Jalisco se logró la despenalización del aborto debido a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó al Estado eliminar esa disposición del Código Penal. Una situación similar ocurrió en Aguascalientes. Ahí fue por mandado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ordenó.
Antes de esas entidades lo había consolidado en Sinaloa en marzo de 2022; Guerrero fue en mayo de 2022; Quintana Roo en octubre de 2022; en Baja California Sur en junio de 2022; Colima en diciembre de 2021; En Baja California en octubre de 2021; en Hidalgo fue en julio de 2021; en Veracruz en julio de 2021 y en Oaxaca ocurrió en septiembre de 2019.
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La Ciudad de México fue la primera entidad en el país que derogó las disipaciones legales que condenaban a la mujer que decidía interrumpir su embarazo. El 26 de abril de 2007 fueron avaladas las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, y a partir de ese momento inició a ofrecer el servicio de aborto en hospitales públicos e instituciones de salud.
