La Reforma Energética abrió el mercado a la instalación de 30 nuevas empresas petroleras en el país, por lo que universidades públicas tienen el rol de desarrollar investigaciones sobre los impactos sociales y ambientales, compartió Armando García Chiang al dictar la conferencia “Impactos socioterritoriales de la industria petrolera en México”.
En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, señaló que al generar este tipo de análisis, los estudiantes e investigadores tienen la oportunidad de aplicar conocimientos en situaciones reales, y a su vez coadyuven mejorar la industria.
“Ahora es obligatorio establecer el impacto social y proponer medidas de mitigación, para ello las empresas tienen que crear un sistema de sistema de gestión e inversión social para desarrollar una buena relación con las comunidades a fin de tener continuidad operativa”.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) precisó que desde hace seis años ha desarrollado 15 estudios de impacto ambiental, los cuales cumplen con estándares internacionales, por lo que son factibles en la industria petrolera.
“Las empresas necesitan saber con precisión donde hay contaminación y corresponde a Petróleos Mexicanos subsanar esos problemas, a partir de que las compañías comienzan a trabajar, cualquier derrame en responsabilidad de ellas”, dijo.
Reconoció que la vinculación con la academia es un paso positivo, sin embargo, todavía quedan pendientes por parte de la agencia de seguridad y protección del medio ambiente y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
“La dificultad va hacer quien va a verificar que las acciones se cumplan, aún no hay resultados porque las empresas se instalaron en 2014 y los trabajos sobre el impacto ambiental empezaron hace dos años, todavía no tenemos un tiempo suficiente para evaluar que efectos ha tenido”.
Como antecedente tenemos que decir que en Petróleos Mexicanos, antes de la Reforma Energética, ya existían contratos donde una empresa privada obligan a las empresas hacer un estudio de impacto social y ambiental
Armando García Chiang / Investigador de la UAM