La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al Congreso local para que formule el marco normativo que dé paso a la creación de la Fiscalía o Unidad Especializada para la investigación del delito de tortura, pues el gobierno estatal no ha dado cumplimiento a dicha normativa desde 2017.
A través del oficio CNDH/DEMNPT/0338/2022, la presidenta nacional de la comisión, María del Rosario Piedra Ibarra pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Reyna Flor Báez Lozano que proporcione información sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de los artículos transitorios tercero y sexto de aquella Ley General, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de junio de 2017.
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La ombudsperson recordó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional desde octubre de 2017.
La creación y las directrices de trabajo, justificó, se fundamentan en lo señalado por el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, cuyo instrumento es vinculante para el estado mexicano y fue firmado el 23 de septiembre de 2003 y ratificado el 11 de abril de 2005.
Dentro de las facultades mínimas de los mecanismos nacionales de prevención se encuentra la de hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia, con miras a fortalecer la protección que brinda el estado mexicano a las personas privadas de la libertad respecto de posibles actos de tortura, puntualizó Piedra Ibarra.
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Además, resaltó que la ley general le confiere facultades de formular propuestas sobre la legislación vigente o los proyectos de ley, con el objetivo de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad.
Tiene Tlaxcala Ley para Prevenir la Tortura
Se observa que la entidad cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para el estado de Tlaxcala, publicada en 2003 y reformada en 2016, pero no ha creado una Fiscalía o Unidad especializada para la investigación del delito de la tortura y el plazo para dar cumplimiento a la obligación estatal en ese rubro venció en 2017, señaló.
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Por tal motivo, Piedra Ibarra solicitó la colaboración de los diputados locales para que informen al mecanismo nacional que representa, si han recibido o promovido propuestas de reformas de dicha ley y de existir alguna propuesta señalar en qué etapa del proceso legislativo se encuentra.
Tomando en cuenta lo anterior y haciendo uso de las facultades de la ley general otorga este mecanismo y a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Mecanismo Nacional solicito su valioso apoyo para que se envíe la información solicitada en término de 15 días naturales, aplazó.
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No se podrá alegar reserva de la información
Aunado a lo anterior, sentenció que los diputados locales no podrán alegar la reserva o confidencialidad de la información requerida, pues está previsto en los artículos de la Ley General y del Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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- 15 días naturales es el plazo que marca la ley para que los diputados locales envíen una respuesta a la CNDH
Para prevenir efectivamente la tortura:
La vigilancia preventiva contribuye a la reducción de los actos de tortura y malos tratos. Dichos actos suelen ocurrir en lugares que no están bajo supervisión independiente y externa. A través de visitas a lugares donde hay personas privadas de su libertad, los Mecanismos Nacionales de Prevención llevan a cabo esa supervisión.
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- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, desde el 2017
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