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Para restringir el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados en entornos escolares y con ello proteger la salud de los menores, la diputada Ana Bertha Mastranzo Corona planteó reformar el segundo párrafo del artículo 50 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.
Con lo anterior, la legisladora destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la producción masiva de alimentos ultraprocesados y los cambios en los hábitos alimentarios han provocado un aumento en el consumo de productos hipercalóricos, ricos en grasas, azúcares y sodio.
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En este sentido, reveló que la ingesta de esos alimentos ha desplazado dietas tradicionales y ocasionado un incremento en enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares.
De esta forma, la propuesta de la diputada Mastranzo Corona plantea que las bebidas y alimentos de alto contenido calórico que excedan los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, así como aquellos no permitidos en escuelas según lineamientos federales, sean prohibidos en la preparación, distribución y venta dentro de los planteles educativos.
Además, pretende prohibir la publicidad de estos productos en dichos espacios para promover estilos de vida saludables entre los educandos.
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Lo anterior viene a colación después de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo, informó que a partir del 29 de marzo del próximo año estará prohibida la venta de productos considerados “chatarra” en las escuelas de todo el país.
Además, en días pasados en la entidad iniciaron los trabajos para evitar la venta de comida chatarra en las escuelas de todos los niveles educativos, de ahí que los lineamientos de la estrategia local “Vida saludable en las escuelas de Tlaxcala” contemplan un censo de las cooperativas, comedores, cafeterías, tiendas y estanquillos escolares que estuvo programado del cuatro al siete de noviembre.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su estudio, análisis y dictaminación.
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