Ser atendidos y escuchados, así como recibir justicia conforme a la ley, es la exigencia que familiares y víctimas de delitos como violación, violencia, desaparición, feminicidio y amenazas, entre otros, hicieron a las autoridades correspondientes, en especial a la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, durante el foro “Testimonios de la Red de Víctimas de Tlaxcala”.
Reunidos en el patio vitral del Congreso del Estado, relataron el calvario por el que han pasado en busca de acceder a la justicia, enfrentándose a ministerios públicos y funcionarios corruptos y hasta coludidos con los imputados.
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En este sentido, coincidieron en que las autoridades son omisas en su actuar, además de que los encargados de impartir justicia no cuentan con la profesionalización suficiente para tener la sensibilidad que hace falta para tratar algunos casos y que, muchas veces, solo dan largas para evitar aplicar la ley.
Asimismo, criticaron que lejos de que las víctimas sean defendidas por las autoridades, al final son ellos los culpables y quienes deben pagar por delitos cometidos en su contra, como es el caso de Estrella, quien fue víctima de trata de personas en la Ciudad de México por su entonces pareja, quien le había quitado a sus hijos, pero logró recuperarlos, aunque al momento los responsables continúan prófugos.
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Por otro lado, la madre de Maricela N., una joven docente actualmente recluida en el Centro de Reinserción Social de Apizaco y que fue víctima de violencia, lamentó que las autoridades hayan atendido las denuncias de su expareja, Rigoberto N., de presuntamente haber cometido 14 delitos, varios de ellos en contra de sus hijos.
De acuerdo con lo denunciado, en algún momento el Ministerio Público a cargo modificó la denuncia a omisión de cuidados, por lo que fue vinculada a proceso donde, además, aumentaron las acusaciones como delitos contra la formación de personas menores de edad, entre otros.
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Otro de los casos, es el del joven Óscar Vázquez, quien fue detenido, inculpado por secuestro y sentenciado a 90 años de prisión, aunque ya han demostrado que los hechos no fueron como las autoridades los relatan e, incluso, la supuesta víctima ya declaró que los hechos son falsos, ya que a él lo forzaron a firmar un papel mientras estaba en el hospital recuperándose de una riña.
También, el señor Miguel Ángel Hernández Vázquez manifestó ser víctima de violencia por parte de una banda del crimen organizado en el municipio de Xaloztoc, la cual los ha golpeado con tubos, palos, piedras y otras armas, además de que han amenazado a mujeres y niños, pero ahora las autoridades los culpan de ser ellos los agresores.
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Por otra parte, la activista Jenny Chárrez expuso que fue víctima de violencia institucional por exigir justicia,
pero deben ser los propios familiares y víctimas los que se conviertan en abogados o policías para poder llegar al fondo de los casos, trabajo que deberían realizar las autoridades.
Los familiares y víctimas exigieron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que atienda con prontitud estos casos, los cuales no han sido resueltos con forme a la ley, además de que observe el actuar de sus funcionarios y, de ser el caso, los cese para evitar que más casos como los suyos puedan presentarse.
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- Familiares relataron el calvario por el que han pasado en busca de acceder a la justicia, enfrentándose a ministerios públicos y funcionarios corruptos y hasta coludidos con los imputados.
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