Las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) no tendrán fecha de caducidad con la conclusión de las administraciones municipales, aseguró la presidenta del organismo autónomo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer.
Refirió que han señalado diversas violaciones a los derechos humanos a ocho de las 60 demarcaciones municipales, entre las que destacan Tlaxcala, Chiautempan, Tzompantepec, Zacatelco, Apizaco, Benito Juárez, Ayometla e Ixtenco, estas dos últimas demarcaciones no aceptaron las observaciones emitidas.
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Ordóñez Brasdefer comentó que la reparación del daño no sólo se ajusta a las actuales administraciones, sino los procesos tendrán que seguirse a los ayuntamientos pese al cambio de responsables.
En el caso del ayuntamiento de Ixtenco, la recomendación fue al presidente municipal, Renato Sánchez Rojas, por supuestamente incurrir en la violación al derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia laboral y psicológica, derecho a la legalidad y seguridad jurídica y derecho a la protección de datos personales en contra de una regidora, señalamiento que el ayuntamiento rechazó.
Mientras que al ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla le fue observado incurrir en violaciones a derechos humanos, relacionados con el derecho a una vida libre de violencia, en sus modalidades laboral e institucional y derecho a la mujer a una vida libre de violencia en su tipo psicológica.
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Otras recomendaciones hechas fueron a Chiautempan, en contra del alcalde, síndico, así como los directores de Gobernación y Jurídico de la administración de Héctor Domínguez Rugerio, que contempla a Linda Ixchel Mejía Sarabia, Enrique Zecua Lima y José Reyes Cornejo, respectivamente.
El señalamiento es por haber incurrido en la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en contra de una pareja a la cual le demolieron una parte de su casa en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, de la demarcación sarapera.
Otra fue dirigida a la presidenta municipal de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, como al Cabildo, por incurrir en violaciones a los derechos humanos relacionados con la legalidad y la seguridad jurídica que perjudicaron a un exempleado, el cual no ha recibido el pago correspondiente a un laudo laboral.
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En el caso del presidente municipal de Tzompantepec, Manuel Ramos Montiel, incurrió en violaciones a los derechos humanos relacionados con la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal y a la protección de datos personales.
Una demarcación más señalada fue la de Zacatelco, sobre un caso de violación al derecho al interés superior de la niñez, a la integridad y seguridad personal, derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, en agravio de una persona menor de edad.
Una más fue dirigida a la presidenta municipal interina de Benito Juárez y al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, por la supuesta omisión de acceso a la justicia, así como dilación o irregularidad en el cumplimiento de una sentencia, resolución o laudo.
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En el que también se alegaron violaciones al derecho a la tramitación, resolución de fondo y ejecución o cumplimiento de las decisiones en procesos penales, administrativos, laborales o de otra índole, con la debida diligencia y en un plazo razonable.
En el caso del presidente municipal interino de Apizaco, le fueron iniciados dos procesos, que incluyen al director de Seguridad pública, vialidad y transporte de dicha demarcación por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad, a la seguridad personal y a la seguridad jurídica de una persona detenida.
- 2 municipios no aceptaron las observaciones emitidas por la CEDH.
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VIGENTES
Tlaxcala, Chiautempan, Tzompantepec, Zacatelco, Apizaco, Benito Juárez son los municipios que tienen vigentes las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La titular de la CEDH Jakqueline Ordóñez Brasdefer comentó que la reparación del daño no sólo se ajusta a las actuales administraciones, sino los procesos tendrán que seguirse a los ayuntamientos pese al cambio de responsables.
