Corrupción, prioridad a resolver, afirma el ministro Cossío

Chihuahua.- Un déficit en justicia penal y laboral, así como un decrecimiento en la defensa de los derechos humanos ha provocado niveles pavorosos de corrupción, aseveró José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de la Nación.

Durante su participación en el panel "Transición Política y Estado de Derecho" en el marco de la convención general de la ANADE., el jurista alertó del riesgo de un proyecto de nación basado en la informalidad.

“Hay que atender a la racionalidad política, en cómo organizar el ejercicio del poder político con normas y límites bien delimitados, enorme trabajo burocrático que si no se hace propiciará la disolución aún mayor del Estado de Derecho, y nos instalará en un estado de las cosas donde predominaran las excepciones y la violación a las reglas en todo los ámbitos”, alertó.

“La transición política ya terminó, en algún punto de la décadas de los setentas que aún se debate, hoy día se busca un cambio político con base en la participación democrática. La narrativa del partido hegemónico está concluida, y hay que salir de ello para entender el momento actual que vive el país a plenitud”, declaró Cossío Díaz, durante su participación.

Así mismo, el jurista hizo énfasis en la necesidad apremiante de que definir y consolidad el concepto de “Estado de Derecho” en el país, ya que “llegamos al 1 de julio con un montón de déficit en este aspecto, tenemos una transición inacabada a la justicia penal y laboral, a la oralidad en materia civil y mercantil que no nos quedan claras”.

En este sentido, alertó sobre el decrecimiento que en años recientes se ha visto en el ejercicio y defensa de los Derechos Humanos en el país, que a menudo son pasados por alto por el aparato judicial y las autoridades, bajo la justificación de perseguir males mayores que justifican el atropello de los derechos humanos fundamentales.

Lo anterior, expuso, está generando niveles “pavorosos” de corrupción e impunidad, que tienen relevancia en el contexto actual, ya que con el propósito de acabar con la corrupción pueden ponerse “entre paréntesis” los derechos humanos.