ISSSTE debe aclarar casi 7 millones de pesos por construcción de una clínica en BCS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades en las contrataciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por casi siete millones de pesos en la construcción de la obra que sustituirá la Unidad Médica Familiar “Cabo San Lucas” por una Clínica Hospital, en Baja California Sur.

El proyecto consta de una Clínica Hospital con 20 camas, consultorios de medicina familiar, odontología, especialidades, radiología, ultrasonido, mastografía, laboratorio, urgencias, tocología y cirugía. La obra se inició en 2022, con la previsión de que estuviera concluido en enero de este año.

Al auditar la obra, la ASF encontró que en el contrato número “DNAyF-SOC-PA-005-2022” para la construcción de la Clínica Hospital se determinaron pagos improcedentes por seis millones 856 mil 948.21 pesos.

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De dicho monto, 6.7 millones de pesos corresponden a diferencias entre “las cantidades estimadas y pagadas contra las realmente ejecutadas”, señala la Auditoría.

Dichas diferencias se observaron en “Puertas para registros de válvulas de gases medicinales”, “Patios en obra exterior”, “Letreros exteriores”, “Letreros interiores”, “ Mobiliario de acero inoxidable, columnas de servicio para sala de operaciones de acero inoxidable”, “Planta de tratamiento de aguas residuales”, entre otros aspectos.

Adicionalmente la ASF encontró intereses por 68 mil 800 pesos y 516 mil 900 pesos, ambos por pagos anticipados. Esto representa un incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El ISSSTE intentó justificar los pagos en exceso por obras pagadas y concluidas parcialmente con evidencias fotográficas. Sin embargo, la ASF consideró que el reporte fotográfico no acreditaba la conclusión de las obras que se pagaron completas y estaban en desarrollo.

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Por ello, a Auditoría identificó un probable daño a las arcas públicas o al patrimonio del ISSSTE por casi siete millones de pesos en pagos en excesos por obra pagada no ejecutada, así como intereses, a causa de la probable deficiente supervisión y control en la ejecución de los trabajos.