La Comisión Nacional de los Derecho Humanos emitió una recomendación al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; al Fiscal General de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca; al Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y a la Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos, por el desplazamiento forzado de 971 personas de la etnia tsotsil, de las cuales 470 son niñas, niños y adolescentes-.

El desplazamiento se dio durante los conflictos

El desplazamiento se dio durante los conflictos que provocaron la destitución de la entonces Presidenta Municipal de Chenalhó, y donde las autoridades tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales.

El organismo nacional refiere que fueron vulnerados los derechos a la seguridad personal, a la libertad de circulación y residencia, el derecho a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la alimentación y a una vivienda adecuada, educación, al trabajo, atención médica y protección a la salud, de acceso a la justicia por inadecuada procuración de justicia y al interés superior de la niñez.

El antecedente del caso, refiere que el 25 de mayo de 2016, dos integrantes del Congreso del Estado de Chiapas fueron retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la destitución de la Presidenta Municipal, por inconformidades con su administración; en la misma fecha esa autoridad presentó su renuncia ante el Congreso local; no obstante, vecinos amenazaron con privarle de la vida, por lo cual huyó del municipio.

Agresiones y amenazas generaron el desplazamiento

Al día siguiente, pobladores del municipio acudieron a la Cabecera Municipal a presenciar la toma de protesta del Presidente Municipal sustituto, pero las circunstancias de tal transición generaron desacuerdos y enfrentamientos armados en ese lugar y otras localidades entre simpatizantes de la depuesta munícipe y de su sucesor, en los cuales dos personas perdieron la vida, por lo que se iniciaron las carpetas de investigación 1 y 2.

Por las agresiones, amenazas y destrucción de diversos bienes, 971 personas de la etnia tsotsil abandonaron sus propiedades; 274 de esas víctimas que apoyaron al nuevo Presidente Municipal se refugiaron en la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal, en tanto que 121 personas, sin saber a quién apoyaban, se resguardaron en un salón de fiestas ubicado en el vecino municipio de Pantelhó. En esos lugares recibieron alimentos y ayuda de autoridades del Gobierno estatal. Del resto de personas no se cuenta con información sobre su paradero o de la ayuda que recibieron.

Posteriormente, el 29 de mayo y 1 de junio de 2016, la CNDH solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del estado, para que se garantizara a las víctimas la satisfacción de sus necesidades básicas, se les brindara protección y resguardo y se realizaran las acciones para solucionar esos hechos de violencia. La CNDH atrajo el caso para investigar violaciones a derechos humanos.