Al considerar que es un monto elevado los 100 millones de pesos que se le pusieron como fianza para alcanzar la libertad condicional, un juez federal determinó que Guillermo Padrés Elias sólo puede pagar 30 millones de pesos, ya que el primer monto fue considerado ilegal.
Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, resolvió que la garantía de cien millones de pesos fijada al exgobernador de Sonora para obtener su libertad provisional es ilegal.
También expuso que esta fianza no debe exceder los 30 millones de pesos, pero que de pagarse Padres Elias deberá continuar con el juicio por el delito de fraude fiscal.
El jueves, el Juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, informó que el predio que ofreció en garantía Diego Fernández de Cevallos, ubicado en Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, para que Guillermo Padrés Elías pudiera salir en libertad condicional, incumplió con los requisitos, ya que no permite conocer si el “valor fiscal” del inmueble es suficiente para cubrir la garantía señalada y los gastos de ejecución de la hipoteca.
El Consejo de la Judicatura Federal explicó que el Juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México detalló que la resolución que tomó en el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente acusado de defraudación fiscal equiparable.
Señaló que el sonorense está privado de su libertad en virtud del auto de formal prisión dictado el 31 de mayo pasado por el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, al resolver el recurso de apelación radicado en el toca penal 51/2018.
Ante esto, el pasado 13 de diciembre, el ex mandatario estatal presentó el testimonio de la escritura de un predio que ofreció en garantía Fernández de Cevallos.
Pero la secretaria del juzgado consideró que si bien el fedatario público que la constituyó, otorgó al predio el valor de 402 millones 825 mil pesos, lo hizo con base en un avalúo en el que, lo que se determinó fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal que es el catastral.