La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por accionistas del español Banco Popular contra el empresario Antonio del Valle y otros por revelación de información confidencial, informó hoy el despacho legal que representa a los denunciantes.
La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de junio y ratificada el 6 de julio, "y la PGR ya está trabajando en ello", dijo a Efe María Teresa Llantada, socia del despacho Gastelum Abogados.
La denuncia es contra Antonio del Valle Ruiz, su primo Jaime Ruiz Sacristán y otros, a quienes se atribuye la conducta de "revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error", señaló Llantada.
Precisó que la denuncia fue presentada en representación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, que agrupa a inversionistas del Popular y que ha contratado despachos tanto de España como de otras partes de Europa y en México para defender sus intereses.
La abogada expuso que la investigación está en sus inicios con base en las pruebas aportadas en la denuncia, la cual sostiene que información confidencial a la que tenían acceso tanto Del Valle como Ruiz Sacristán, "en forma directa o indirecta la revelan a través de medios de comunicación".
"Se tendrá que hacer diversas gestiones a través de la Procuraduría General de la República con su equivalente en España para que se interroguen testigos. Hay que integrar toda la carpeta de investigación para acreditar la comisión de la conducta delictiva", abundó.
Un portavoz de Antonio del Valle explicó que la demanda "hace referencia a hechos acaecidos en España que están siendo revisados por las autoridades competentes en ese país".
"Las personas mencionadas en la nota no han sido notificadas en México de los procedimientos a los que se refiere en la misma", agregó el mismo portavoz.
De acuerdo con la abogada Llantada, la demanda pone de manifiesto que el objetivo de la filtración era "desestabilizar el mercado, mover artificialmente el valor de la acción, y con ello provocar que a través de un aumento de capital se pudieran hacer ellos con el banco por una cantidad muy inferior al valor de los activos".
"Al final del día la jugada, como todos sabemos, no les sale porque bajan tanto las acciones que evidentemente se toma la decisión de venderlo (el Banco Popular) por un euro al Santander", refirió.
Insistió en que "toda la conducta desde que entra el señor Antonio del Valle como consejero (del banco) el año 2014 fue tendente a desestabilizar el precio y el valor de la acción a través de la divulgación de noticias falsas o tendenciosas, o simplemente ciertas pero con información confidencial".
Varios medios de comunicación publicaron en marzo que Antonio del Valle y otros mexicanos antiguos accionistas del Banco Popular, que llegaron a poseer más de un 4 % de la entidad, reclaman a España 470 millones de euros a través de un arbitraje internacional.
Anteriormente, Del Valle ya había presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir Popular y adjudicarlo al Banco Santander.
El inversor mexicano de origen asturiano considera que sus acciones fueron "expropiadas" y acusa al Gobierno de España de una participación activa en la resolución.