Tras nueve días de silencio sobre el tema, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, emplazó a las autoridades competentes a investigar de manera imparcial la fotografía donde aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado de esa entidad.
El responsable de la política interna del país dijo que, ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, donde se han presentado las denuncias por este hecho, tienen que integrar la carpeta de investigación respectiva.
“Nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales, respetaremos tanto la instancia local o la instancia federal donde hayan sido presentadas estas denuncias. Tendrán ellos que integrar la carpeta de investigación respectiva y lo único que nosotros respetuosamente exhortamos es a que se conduzcan conforme a derecho y que haya una investigación parcial (sic), y seguramente en las próximas semanas o meses tendremos el resultado, la respuesta a esa denuncia presentada”, dijo López Hernández.
Al encabezar por tercer día consecutivo la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que seguramente en semanas o meses habrá resultados a las denuncias presentadas, una por el presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, ante la delegación de la FGR en la entidad, y tres de 11 diputados locales de oposición ante la FGR, la Fiscalía morelense y la Fiscalía Anticorrupción del estado.
Adán Augusto López subrayó que lo primero es “realizar una serie de investigaciones y peritajes, que podrían llevarse algún tiempo”, aunque aclaró que en el Gobierno federal desconocen con qué ritmo pueden trabajar las autoridades competentes en este asunto y qué tan compleja pueda ser una investigación de este tipo.
Aparte, Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), aseguró que en la denuncia de hechos que presentaron el miércoles pasado 11 diputados locales, el organismo que preside actuará con “imparcialidad, transparencia, objetividad, y respetando sobre todo el principio de presunción de inocencia” al momento de investigar la fotografía publicada por El Sol de México el pasado 4 de enero.
Y aunque desde hace tres años mantiene serias diferencias con el gobernador de Morelos, el fiscal aseguró que esta denuncia no derivará en una investigación “en contra de alguien”, aludiendo a Cuauhtémoc Blanco, sino en “un análisis de pruebas y declaraciones para, en su caso, proceder en consecuencia”.
Aclaró que, en primera instancia, la dependencia que preside debe resolver si este proceso está dentro de su competencia, sobre todo porque “puede haber indicios que correspondan a delitos que son de fuero federal”.
En tal caso –detalló el funcionario en entrevista con este medio– la Fiscalía de Morelos “tendría que declinar en su momento esta competencia a las autoridades federales, es decir, a la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“Eso es lo que se estaría analizando con mucho cuidado. Son temas muy delicados de interés social”, subrayó el fiscal.
En tanto, Enrique Paredes, líder del partido local Movimiento Alternativa Social (MAS) y presidente del Colegio de Abogados de Morelos, pidió al secretario técnico en funciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad, Alejandro Govinda Riquelme, la separación temporal de Cuauhtémoc Blanco de ese organismo, ya que “su presencia puede frustrar el resultado de la investigación”.
“En esta mesa se comparte información e incluso evidencias para el combate a la delincuencia organizada en Morelos, y el gobernador pudiera estar utilizándola para favorecer a algunos de los grupos con los que aparece fotografiado”.
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Por medio de una carta, el abogado dijo que esto se reafirma con los señalamientos que se han hecho en contra de Cuauhtémoc Blanco en las narcomantas que han aparecido en los últimos días en los municipios de Oaxtepec, Cuautla y Xoxocotla.
Con ello –abundó– “se genera sospecha fundada de que el mismo acceso a la información, que tiene (el gobernador) en esa Mesa pudiera frustrar el resultado de las investigaciones que, tanto la FGR como la FGEM, realizan, en las que se le señalan como posible autor o partícipe de hechos que la ley prevé y sanciona como delito”. Con información de Rivelino Rueda
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