El agua es el elemento esencial para la vida y para el progreso; pero es el bien que más se politiza. Por eso, el nuevo Congreso de la Unión que entrará en funciones el próximo septiembre, tiene que construir un nuevo marco legislativo, jurídico y tecnológico para normar su aprovechamiento y afrontar los retos para garantizar su acceso y disponibilidad. Además para mantener reservas en niveles adecuados para la conservación de la biodiversidad.
No hay que olvidar que la sequía acecha a todo el territorio nacional. “La falta de agua pronto va a ser un problema recurrente. Estados como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas que son grandes productores agrícolas y pecuarios, ya pasan una etapa difícil por la falta de agua. Se limita para las actividades agropecuarias porque primero es el abasto de la población. Y esto genera menos producción, porque tenemos menos agua que hace seis meses”, confía el senador Aáron Irizar López (PRI).
Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, en charla puntualiza: El cambio climático es uno de los retos y está directamente relacionado con crisis asociadas con el agua en todo el mundo.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2013 y 2030, las variaciones de temperaturas y precipitaciones pluviales en el territorio nacional se intensificarán a consecuencia del cambio de clima. Esto afectará al sector hídrico y por ende, la disponibilidad del vital líquido.
Según estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), los recursos de agua dulce son altamente vulnerables a los cambios del clima con serias consecuencias para los humanos y los ecosistemas.
Pero, el Programa Nacional Hídrico de la presente administración, contempla el establecimiento de aguas nacionales superficiales para la protección ecológica.
En este marco, el Ejecutivo federal firmó el 5 de junio, 10 decretos de reserva de agua, con lo que elimina la prohibición total para su aprovechamiento en 300 cuencas hidrológicas, con lo que se promueve su uso sustentable y para la conservación del ambiente, refiere.
De acuerdo a la Semarnat estas reservas son una garantía de conservación del vital líquido no solo para los sistemas acuáticos sino para los terrestres y la biodiversidad en su conjunto, para coadyuvar a la adaptación del cambio climático.
Estas medidas –señaló el legislador sinaloense, permitiránreservar volúmenes de agua suficientes para mantener el desarrollo de los ecosistemas y el abasto para las necesidades de las próximas generaciones.
SOLO SE BENEFICIARA A PRIVILEGIADOS
Pero no es el sentir, del coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, quien considera que estos decretos presidenciales “solo benefician a los privilegiados del Sistema en detrimento de los más pobres y excluidos”.
Considera que la supresión de las vedas se decreta al final del mandato de Peña Nieto, pero esta decisión trasciende este sexenio y tendrá impactos económicos y sociales en los próximos gobiernos. “Se trata de un doble albazo: político y jurídico”.
Sostiene que jurídicamente, estos 10 decretos al no estar fundados y motivados exhaustivamente, no dejan en claro cuál es el propósito. “Nosotros entendemos que es para beneficiar a las empresas transnacionales que explotan el agua”.
Detalla: A nivel constitucional no se fundamentan en el párrafo sexto del Artículo 4º, que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe su mercantilización. Tampoco en el Artículo 2, apartado A, fracción VIque sustenta el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat.
En suma, los decretos de EPN privatizan y abren la puerta a serios conflictos sociales por el agua, dijo Bartlett.
Pero lo contradice el senador Irizar y precisa: “Nadie sale afectado en las concesiones otorgadas. No. Los decretos se reservan poco más de 169 mil 913 millones de metros cúbicos, mucho más que toda el agua que contienen todas las presas en México para el tema ambiental”.
Para el consumo humano se reservan un millón 366 mil metros cúbicos. Es la gran prioridad.
Subraya que la gente puede interponer amparos; “pero no van a resultar afectados los indígenas o quienes tengan concesiones por 50 años. No se pretende afectar ninguno de los derechos.
Y enfatiza: “Estos decretos no privatizan ni abren la puerta a serios conflictos sociales. No, por supuesto. Lo afirmo categóricamente. Es más importante tener agua que tener petróleo”.