Margaret Satterthwaite, relatora especial en la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le expone su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propone elegir a jueces y magistrados por voto popular.
“Quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con el paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana”, dice la carta enviada el pasado 29 de julio.
El texto de 12 páginas expone que la iniciativa no cuenta con esquemas regulatorios para las actuaciones de los candidatos durante las jornadas electorales de jueces y magistrados, además de rechazar los descalificativos y desacreditaciones en contra de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, dice el texto.
La relatora de la ONU subraya que esta iniciativa de reforma judicial —que incluye la elección popular de jueces y magistrados— rompe con los estándares internacionales para nombramientos y selección de impartidores de justicia.
“El derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento. Aun así, este exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva”, señala el documento signado con la referencia Ref.: OL MEX 11/2024.
La carta agrega que “los Estados deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción”.
Margaret Satterthwaite advierte que la reforma judicial impactaría el funcionamiento de la judicatura mexicana al someter a elección popular a jueces y magistrados, ya que fácilmente podrían superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, dice la carta.
El escrito señala que las modificaciones propuestas por López Obrador, “carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad” y expone que la iniciativa “permitiría un aumento en la influencia” del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial.
“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, agrega la carta.
Satterthwaite también cuestiona la iniciativa de bajar los salarios de los trabajadores del Poder Judicial y que ganen menos que el Presidente, dado que también viola acuerdos internacionales.
“Los estándares internacionales que conciernen a los salarios judiciales son claros en establecer que la remuneración debería estar fijada por ley y no debería ser reducida de forma arbitraria. Me preocupa que la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”, dice Satterthwaite en su carta.
La Relatora pide al presidente que “indique las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, permitiéndoles ejercer sus funciones de forma libre de interferencias de otros poderes” y que señale también las medidas que se tomarán para asegurar que el Poder Judicial cuente con los medios necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, incluyendo las más vulnerables.
La reforma judicial se discute actualmente en ocho foros organizados por el Congreso de la Unión, donde participan expertos en derecho, ministros, jueces, trabajadores, legisladores e involucrados en el tema.
El penúltimo foro se realizó en la Cámara de Diputados el pasado 30 de agosto, donde la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, indicó que no es posible administrar una eventual elección de impartidores de justicia si aún no se sabe el formato en que se realizarán los comicios ni el número de personas que serían elegidas.
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La reforma judicial, en primera instancia, contempla que todos los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, y para ello, se destruirían de forma inmediata.
Además, se busca que desaparezca el Consejo de la Judicatura Federal y se creen dos nuevos organismos: uno de Administración de Judicial y otro de Disciplina.
La reforma judicial podría aprobarse en los próximos días, de acuerdo con la bancada morenista en la Cámara de Diputados.
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