Eliminar la figura de subcontratación u outsourcing conlleva otorgar a los trabajadores en este esquema, la garantía y estabilidad laboral a través de prestaciones y establecer a su vez un tabulador salarial que incrementa sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas para el presente y el futuro.

Para el líder de la Central FSTSE, Joel Ayala Almeida, de concretarse la iniciativa presidencial, debe contar con la prestación de mayor importancia: la seguridad social integral.

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El dirigente sindical dijo que con esta regulación, significa que día a día de su desempeño laboral, el trabajador cuente además de su futura pensión con el derecho a los servicios de salud, obtener una vivienda digna así como el resto de los derechos consagrados en la ley laboral.

Considera de importancia histórica la propuesta del gobierno federal, “para que en automático, se eliminen los contratos laborales existentes por 6 meses, que sin duda, son una argucia que trunca los alcances del movimiento sindical en favor de los trabajadores”.

(Actualmente son miles de trabajadores al servicio del Estado que laboran bajo subcontratación. Sólo en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), entre 8 mil a 10 son trabajadores a lista de raya. Es decir, no tienen ninguna prestación más que su salario).

Afirmó: “Queda en claro que quienes laboran en la iniciativa privada, en las empresas, industria y otras áreas de la producción, deberán tener la protección de su alta en el Seguro Social e Infonavit así como a la Afore de su preferencia.

Y en el caso de los trabajadores que laboran en instituciones del sector público, corresponderá su protección en el sistema de seguridad social al darles de alta en el ISSSTE.

El significado del pronunciamiento del Jefe de las Instituciones del país es de gran relevancia como reivindicación de justicia laboral, enfatizó Ayala Almeida.

Subrayó que el planteamiento de esta estrategia y su definición, corresponde al Poder Legislativo. “Planteamos muy respetuosamente a los representantes populares tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estas dos vertientes:

“O se elimina en su totalidad el esquema de contratación que es lesiva para el trabajador o en su caso, se le otorgan todas las garantías de ley, amparados en el contenido firme, vigente de lo que establece la Constitución y que lo precisa la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.