En México, más de mil 200 elementos con formación en las Fuerzas Armadas ocupan cargos de seguridad civil en las diferentes entidades de la República Mexicana.
De acuerdo con el más reciente informe sobre la militarización de la seguridad pública realizado por la organización Causa en Común, para el año 2023, mil 237 elementos de las Fuerzas Armadas mantenían cargos de relevancia en instituciones de seguridad civiles.
Estos elementos castrenses no solo ocupan la titularidad de las secretarías de seguridad estatales; sino que también tienen elementos en cargos como secretarios, directores y administradores en corporaciones locales, “sin contar con los puestos administrativos de dichas instituciones que también son ocupados por elementos castrenses”, advierte Causa en Común.
Además de los militares y marinos en puestos de seguridad civiles a lo largo del país, el informe apunta que también existen elementos castrenses en ámbitos alejados de la seguridad.
La información refiere que, a la fecha, hay militares y marinos como titulares en 17 oficinas de representación estatales del Instituto Nacional de Migración (INM); 12 Administraciones Portuarias Integrales; 17 aduanas; 21 aeropuertos; así como en la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil; en los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex); y en diferentes direcciones y subdirecciones del ISSSTE.
Además, señala el documento, a militares y elementos navales se les otorgaron mayores tareas de materia civil durante este gobierno, como es la construcción e infraestructura del aeropuerto Felipe Ángeles, sucursales del Banco de Bienestar; obras asociadas al Tren Maya; la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil; o incluso la distribución de vacunas e insumos por la pandemia de COVID-19.
Asimismo, las Fuerzas Armadas recibieron la administración de la aerolínea Mexicana de Aviación. De igual forma, reitera el documento, elementos castrenses se encargaron de colaborar en diferentes programas sociales como Sembrando Vida o el Tianguis del Bienestar, así como en el reparto de libros de texto gratuitos y hasta la protección de playas y resguardo de zonas arqueológicas.
A inicios de 2023, luego del robo de cable de cobre y accidentes en el Metro de la Ciudad de México, la entonces jefa de gobierno y actual presidenta electa Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del transporte público subterráneo.
En ese mismo 2023, recuerda Causa en Común, se aprobaron modificaciones legales para integrar al Ejército y la Marina en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; y en diciembre se incluyó a las dos dependencias en el Consejo de Salubridad General.
“En todos los casos, el personal militar ha sustituido a personal civil capacitado y con experiencia”, refiere la organización.
El Sol de México documentó que, para finales de junio de 2024, 15 entidades del país mantenían a elementos militares o navales como secretarios de seguridad pública. Tan sólo en el último año, 11 gobernadores relevaron a sus titulares de Seguridad Pública estatal; en seis casos nombraron a militares o marinos y sólo en cinco a civiles.
Si bien algunas entidades como Michoacán o San Luis Potosí optaron por cambiar de mandos militares a civiles; otras como el Estado de México o Tabasco hicieron lo contrario: cedieron el control de la seguridad pública a generales del Ejército.
En los casos de Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala y Quintana Roo, sus gobiernos decidieron hacer un cambio en el mando de seguridad, aunque optaron por seguir con militares en el cargo.
La opacidad en torno a los cambios en las secretarías de seguridad prevalece en la mayoría de gobiernos. El recuento realizado por este diario muestra que sólo en tres de los 11 cambios del último año, se explicó la situación.
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