El coordinador de los diputados en San Lázaro por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó que no es un momento oportuno para cambiar las reglas del juego, e invitó a Va por México a rechazar las reformas, mucho menos si esas modificaciones simplemente debilitan a las autoridades electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Expresó que luego de que la presión ciudadana se hiciera presente en redes sociales, después de las multitudinarias marchas en defensa de la democracia, de las autoridades electorales, y en contra de la embestida del régimen de Andrés Manuel López Obrador, frente al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral, los partidos tradicionales recularon y pospusieron la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales para este lunes de pascua.
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“Rechazamos esta propuesta por tratarse de una regresión. Es una ofensiva que Morena y Va por México pretenden avalar para ampliar el control discrecional de los partidos. No busca perfeccionar el cumplimiento de la ley electoral, sino, al contrario, busca evadir la ley. Convocamos a Va por México a ser congruentes y no acompañar este retroceso.
“Lo que estamos haciendo en Movimiento Ciudadano es insistir en que este es un tema que no solamente se tenga que aplazar una semana o dos. Es un tema que se debe aplazar, cuando menos, hasta que pase el próximo proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Estamos a semanas, meses de entrar de lleno, y porque necesitamos certezas.
“No es un momento oportuno para cambiar las reglas del juego, mucho menos si esas modificaciones simplemente debilitan a las autoridades electorales, al Tribunal Electoral”, advirtió.
Manifestó que están lanzando una exigencia contundente, en defensa de la democracia, en defensa de la facultades sustantivas del Tribunal Electoral, de su capacidad para realizar acciones afirmativas, y luchar por la democratización interna de los partidos políticos y de su acción de tutela de los derechos de las minorías.
Álvarez Máynez indicó que la iniciativa constitucional busca limitar de forma absoluta al Tribunal Electoral y reducir al máximo la defensa de derechos políticos, que no se puedan atender asuntos en materia de acciones afirmativas y paridad, y limitar las decisiones en relación con la vida interna de los partidos.
Con su aprobación se cierra la vía jurisdiccional y todo quedará en manos de los partidos.
¿Qué implica la iniciativa?
La aprobación limitará al Tribunal Electoral en su capacidad de estudiar asuntos de derechos políticos desde estándares internacionales de Derechos Humanos.
Por ejemplo, en los juicios relacionados con la diputación migrante en la Ciudad de México y las Acciones Afirmativas para la Cámara de Diputados, el Tribunal Electoral recurrió a la Declaración Universal de Derechos Humano y a la Convención Americana de Derechos Humanos para declarar que los derechos políticos son derechos humanos. Con esta iniciativa eso no podrá volver a suceder.
Además, da al Congreso de la Unión el monopolio absoluto para determinar acciones afirmativas a nivel federal y estatal.
De esta forma, ningún congreso estatal podrá legislar para establecer acciones afirmativas. También, limita a cualquier autoridad electoral a determinar acciones afirmativas.
Por lo tanto, cualquier omisión o determinación sobre este tema no puede ser resuelto por ninguna otra autoridad.
Si el Congreso determina que para una diputación migrante puede aceptarse a migrantes en retorno, trabajadores consulares o “tener vínculos con la comunidad migrante” ninguna autoridad podrá tomar otra determinación.
Asimismo, le otorga poder absoluto a los partidos para postular o no candidaturas de grupos subrepresentados, así como tener en sus órganos internos representación de estos grupos.
La iniciativa dice que los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, “establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”.
Como el Tribunal Electoral no podrá conocer de estos temas, los partidos políticos pueden excluir a cualquier grupo sin rendir cuentas a ninguna autoridad. Los militantes quedan sin protección.
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El diputado emecista señaló la iniciativa presentada por todos los partidos con excepción de Movimiento Ciudadano, limita cualquier acción que pudiera favorecer a grupos subrepresentados (como la ciudadanía mexicana en el extranjero).
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