Reelección de Alejandro Moreno consuma la farsa, dicen exdirigentes del PRI

Los expresidentes del PRI, Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, aseguraron que se consumó la farsa de Alejandro Moreno Cárdenas a la elección a la dirigencia nacional del tricolor, con el 97 por ciento de los votos a su favor, junto con su compañera de fórmula Carolina Viggiano, con lo que queda "secuestrado" el tricolor.

Dulce María Sauri recordó que la reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal con la que Alejandro Moreno pretende “secuestrar” al partido histórico de México por otros cuatro años.

Además señalaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido permisivo ante el “atraco” de la dirigencia nacional, que este domingo culminó con la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas en la presidencia del partido para los próximos cuatro años.

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¿Qué irregularidades tuvo la Asamblea Nacional del PRI?

De acuerdo con los expresidentes del PRI, la reelección "es producto de una Asamblea Nacional ilegal", debido a que parte de una reforma ilegal de los estatutos del partido con la que Alejandro Moreno secuestra nuevamente al partido.

Sostuvieron que la Asamblea Nacional tiene múltiples ilegalidades en cuanto a su ejecución, ya que el Reglamento para su organización no fue aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN) como lo establecen los Estatutos en su artículo 83.

De igual manera, no hubo información oportuna de los cambios estatutarios que se iban a votar ni acceso amplio a las mesas de discusión para los delegados interesados en participar, debido a que solo acreditaron a cien personas y solo participaron los "consejeros nacionales elegidos a modo", enfatizaron.

Los ex dirigentes manifestaron que, por primera vez en la historia del PRI, el dirigente se reelige “a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente.

El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del Partido.Exdirigentes del PRI.

“El daño jurídico infligido el día de hoy al PRI se podrá reparar cuando el INE y el Tribunal Electoral anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia. Sin embargo, el daño moral ante la sociedad por los actos ilegales de la actual dirigencia será muy difícil de resarcir”, afirmaron los exdirigentes.

Sumado a ello, los expresidentes sostuvieron que la reelección de Alejandro Moreno afecta los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI, conforme a la Constitución en su artículo 4 y a sus propios Estatutos, artículo 173.

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La posibilidad de que el actual dirigente se pueda reelegir en otros dos periodos ordinarios, después de que ya concluyó un ordinario y otro extraordinario, es inconstitucional y antiestatutario por incumplir y violar la regla de paridad en la elección de dirigentes, dado que no permite la alternancia de género.

Ante todo lo anterior, los expresidentes consideraron lamentable que el Tribunal Electoral haya sido permisivo ante el “atraco”, luego de que sólo tres magistrados de la Sala Superior permitieron que la larga cadena de ilegalidades culminara en la reelección de Alejandro Moreno. “Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo”, expresaron.

Destacaron el cuestionable proyecto en el que la magistrada presidenta, Mónica Soto, remitió al Partido y al Instituto Nacional Electoral (INE) las dos impugnaciones que un grupo de expresidentes nacionales del PRI presentaron a nombre de cientos de militantes en resistencia frente a las ilegalidades.

Sin embargo, “la magistrada presidenta Soto optó por no ponerle fecha límite al partido para que resuelva, contrario a la propuesta original del magistrado Reyes Mondragón. La consecuencia era previsible, el PRI no ha resuelto el caso, aplicando un tortuguismo burocrático, mientras cumple aceleradamente como liebre el proceso ilegal para reelegir a Alejandro Moreno”, comentaron.

“El Tribunal Electoral debe enmendar su error y resolver en última instancia bajo criterios estrictamente jurídicos que no den lugar a retrasos, ni a sentencias cuestionables por parcialidad o falta de rigor jurídico”, afirmaron.

Advirtieron que “la larga marcha continúa”, al recordar que el INE tiene la responsabilidad de determinar si la Asamblea Nacional y la Reforma a los Estatutos es ilegal.

INE debe evitar que un partido sea secuestrado por intereses personales

Fernando Galindo, Aurelio Nuño y Fernando Zendejas se sumaron a las manifestaciones de los exdirigentes para defender la legalidad y el Estado Democrático del PRI y manifestaron que el INE tiene la responsabilidad de evitar que un partido secuestrado por intereses personales no sea una isla autoritaria en el sistema democrático nacional.

Los expresidentes recordaron que la Ley Electoral es muy clara, pues en el artículo 34, párrafo segundo, dice: “Son asuntos internos de los partidos políticos: La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral”.

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Además, refirieron que el artículo 25 de la Ley Electoral afirma que los partidos deben llevar a cabo sus actividades dentro de los cauces legales. De hecho, el Estatuto del PRI, en su artículo 173, prohíbe el cambio de presidente nacional, durante el proceso electoral federal, el cual aún no concluye.

Manifestaron, la imposibilidad de cambiar de presidente durante el proceso electoral fue reconocido por el TEPJF en la sentencia del juicio JE-20/2023 de fecha 26 de abril de 2023, y por el PRI en la sesión de Consejo Político Nacional del 8 de mayo de 2023.

Por último, destacaron que este proceso de elección es ante un órgano rasurado. Históricamente la elección del presidente del PRI incluía al Consejo Político Nacional y a los 32 Consejos Políticos de las Entidades Federativas del país.

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A partir de la reforma ilegal reciente de los Estatutos, se ha eliminado a los Consejos Políticos Estatales de la elección del dirigente nacional. Reduciendo la participación de la militancia y también afectando la legitimidad de la elección, ya de por si devaluada.