La propuesta de reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF) del ministro Arturo Zaldívar, descarta la creación de una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especializada en materia de anticorrupción como lo propuso Morena en el Senado.
El documento que presentará el ministro presidente a los senadores y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) mantiene en 11 el número de integrantes y composición de la Suprema Corte. El tema central de la propuesta será las medidas para preservar la independencia y autonomía de jueces, magistrados y ministros, señalaron fuentes de la SCJN.
Se busca, afirman, reglas más claras para la ratificación, adscripción, readscripción y reincorporación de jueces y magistrados.
El documento, fue elaborado con la colaboración todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación y dista de la propuesta presentada por el líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien propuso la creación de una sala especializada en materia de anticorrupción para tratar temas de responsabilidad administrativa y delitos en los que participen servidores públicos y particulares.
Dicha sala estaría integrada por cinco nuevos ministros, por lo que el morenista propone modificar la integración actual del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pasando de 11 a 16 ministros.
En el tema de la reforma, Zaldívar ha sostenido que si bien tiene grandes coincidencias ideológicas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no ve una intromisión del Ejecutivo Federal en la transformación del Poder Judicial.
“Lo estamos haciendo por convicción propia, desde que tomé el cargo hemos iniciado una autorreforma y una transformación profunda en el Poder Judicial de la Federación, es una convicción personal. Tampoco en ese terreno veo una intromisión (del Presidente), simplemente hay una coincidencia”, sostuvo el presiente en entrevista al El Sol de México en septiembre pasado.
Desde el inició de la discusión de este tema, Zaldívar quien es reconocido por ser un ministro garantista, advirtió que la reforma debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; así como atender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas.
Las fuentes consultadas sostienen que también se buscará fortalecer los mecanismos de carrera judicial, para evitar vicios como el nepotismo y favoritismo, y transparentar los mecanismos de rendición de cuentas.
Es decir, se rechaza la propuesta de crear juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, figura que se planteó como encargada de llevar los casos de miembros del PJF que sean acusados de delitos graves relacionados con su función jurisdiccional.
Ricardo Monreal se ha pronunciado por reformas para que los responsables de este tipo de juzgados y tribunales estén bajo responsabilidad del Senado, y no del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lo que los miembros del PJF criticaron como una intromisión a su independencia.
Las fuentes consultadas sostiene que el ministro Zaldívar delineará medidas para agilizar los procedimientos judiciales, y evitar que asuntos sin temas novedosos, trascendentes o de derechos humanos tengan que llegar hasta tribunales colegiados o incluso hasta la SCJN, definiendo así a esta última instancia como el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano.
Incluso la propuesta de Morena, pretende la modificación de requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, al incorporar la inhabilitación para ocupar el cargo si se ha incurrido en delitos por hechos de corrupción que ameriten pena privativa de libertad por más de un año, dada la relevancia que ha cobrado este delito en perjuicio de la Administración Pública, por lo que quien se ubique en este supuesto no le será posible adquirir la más alta investidura en el máximo tribunal de nuestro país.
La propuesta de reforma judicial del PJF se presenta un mes después de que se difundieron proyectos de cambios a la constitución y a los códigos en materia penal que contenían medidas como ampliar el arraigo, aumentar medidas cautelares y punitivas, las cuales fueron objeto de críticas que obligaron a la Fiscalía General de la República (FGR), a deslindarse de esas propuestas.
