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Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas por tres mil 985 millones de pesos a funcionarios acusados de faltas administrativas o corrupción en lo que va de la actual administración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene el reporte de que sólo ha cobrado 85 millones 502 mil 348 pesos.
Esto significa que las arcas del Gobierno federal apenas han captado 2.15 por ciento de las sanciones económicas impuestas a servidores públicos que fueron negligentes o cometieron faltas en el ejercicio de sus funciones entre enero de 2019 y febrero de 2021.
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Durante este lapso de tiempo Irma Eréndira Sandoval Ballesteros fungió como titular de la Función Pública en tanto que el SAT tuvo dos cabezas: Margarita Ríos Farjat, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Raquel Buenrostro Sánchez, conocida como “la Dama de Hierro” del fisco mexicano por haber logrado cobrar a las grandes empresas impuestos millonarios que debían de varios años. Su desempeño, sin embargo, no ha sido tan efectivo a la hora de cobrar las multas impuestas por la SFP.
El cálculo de las multas cobradas resulta de cruzar información sobre las sanciones administrativas a servidores públicos que difunde la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la SFP, en el portal web de la dependencia, con cifras que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías del SAT proporcionó a El Sol de México vía una solicitud de información.
Este medio buscó al Servicio de Administración Tributaria para solicitar una postura al respecto, la cual fue atendida por el área de comunicación del organismo. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Desde el 18 de julio de 2019, tanto el SAT como la Función Pública firmaron una serie de convenios de colaboración para combatir la corrupción, mismos que tenían por objeto “incrementar la efectividad en el cobro de las multas impuestas a servidores públicos” y que les permitiría “combatir la dilación que se daba en el pasado”.
Y es que el casi nulo cobro de las multas económicas a servidores públicos sancionados no es exclusivo de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), la Secretaría de la Función Pública impuso multas a servidores públicos sancionados por ocho mil 613 millones de pesos, pero el órgano recaudador cobró únicamente 236 millones 62 mil 593 pesos, lo que significó una recuperación de tan sólo 2.74 por ciento.
Pese al convenio firmado en 2019, donde ambas dependencias se unieron para fiscalizar y sancionar actos de corrupción y dar seguimiento a los cobros y recuperación de las multas, se mantiene el bajo porcentaje de recaudación.
Esta situación ha sido denunciada en ocasiones anteriores por Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, que considera que uno de los nudos más importantes que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al cual pertenece la SFP, es el bajo monto de dinero recuperado por actos de corrupción.
“Y luego que todas las sanciones impuestas por la Función Pública se las revoquen en la siguiente instancia, pues hay que revisar quién no está haciendo bien su trabajo, porque a lo mejor hay un funcionario que deja algo equivocado en el trabajo para que un magistrado lo encuentre”, señaló a El Sol de México en una entrevista previa.
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SFP BAJÓ DESEMPEÑO CON SANDOVAL
Durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros al frente de la SFP, la dependencia redujo todos los tipos de sanciones a funcionarios incluidas amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, apercibimientos privados, apercibimientos públicos, destituciones, inhabilitaciones, sanciones económicas y suspensiones, revelan las estadísticas de la Secretaría.
De 2007 a 2012, sexenio en que gobernó Felipe Calderón Hinojosa, el total de sanciones creció de cinco mil 175 a 11 mil 746. En el segundo año de Enrique Peña Nieto, 2014, las sanciones de la Función Pública llegaron a un máximo de 16 mil 743 para a partir de entonces descender.
En 2018, último año del sexenio peñista, sólo se impusieron cinco mil 794 sanciones, casi el mismo número que doce años atrás.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, y su cruzada contra la corrupción, el número de sanciones a funcionarios corruptos no hizo sino caer más. En 2019 la Función Pública aplicó tres mil 713 sanciones y en 2020 apenas mil 925. En los dos primeros meses de este año impuso 369 sanciones.
El pasado 22 de junio, el presidente López Obrador anunció su decisión de reemplazar a Irma Sandoval por Roberto Salcedo Aquino, quien hasta ese día se había desempeñado como subsecretario de la misma dependencia.
Durante el mensaje, el mandatario agradeció a Sandoval Ballesteros por su “importante colaboración en el inicio del Gobierno, sobre todo en lo que se encargó: el combate a la corrupción”. La ahora exfuncionaria presumió que en su gestión hubo ahorros, sanciones, recuperación de dinero y un avance de 14 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) realizado por Transparencia Internacional.
Sin embargo, ambos omitieron mencionar que esta dependencia bajo su desempeño en todos los tipos de sanciones que impone a servidores públicos, mismas que van desde las sanciones económicas hasta destituciones, inhabilitaciones y suspensión de labores respecto a periodos anteriores, mismas que pasaron de 16 mil 743 en 2014 a mil 925 en 2020.
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