A contrarreloj, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que otorgó a Morena, Partido Verde y PT la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Con lo aprobado, los 500 diputados y 128 senadores podrán rendir protesta el día de mañana y comenzar con el trámite de las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la reforma judicial que propone elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces.
En sesión pública, los magistrados resolvieron las impugnaciones que presentaron los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra del reparto de plurinominales. Cuatro magistrados dieron la razón al INE al estimar que el bloque oficialista no incurre en sobrerrepresentación, pues no supera el límite del 8 por ciento que establece la Constitución.
Al presentar el proyecto de resolución, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña acusó que la oposición busca “cambiar las reglas del juego una vez que ya se jugó”, pues en sus impugnaciones pedían que la Sala Superior hiciera una interpretación distinta de la norma constitucional que quite a Morena y aliados la mayoría calificada.
“El descontento de algunas fuerzas políticas con el resultado de la composición de la Cámara de Diputaciones jamás podrá ser una razón para modificar sin más la manera de interpretar la Constitución. Al exigir que este Tribunal varíe la forma en que desde 2009 ha entendido la fórmula de sobrerrepresentación, lo que realmente se está demandando es que se modifique por la vía judicial el resultado de su aplicación y por ende la voluntad popular”, dijo.
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La magistrada Janine Otálora Malassis fue la única que votó en contra de la asignación de diputaciones plurinominales, pues, contrario a sus homólogos, estimó que Morena y aliados sí están sobrerrepresentados en la Cámara Baja.
La magistrada dijo que los partidos mayoritarios “han perfeccionado mecanismos para evadir estos límites a través de convenios de coalición”, los que, advirtió, afectan la pluralidad que debe caracterizar al Congreso y al voto de los ciudadanos, y propuso hacer una interpretación sistemática y funcional y no literal de la Constitución.
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“La sobrerrepresentación cuando se permite, erosiona los controles institucionales y compromete la estructura constitucional (...) el principio de representación proporcional tiene como objetivo dar voz a las fuerzas minoritarias, impidiendo que un partido dominante esté sobrerrepresentado y este principio fue diseñado para fortalecer al Poder Legislativo y garantizar que la representación en los órganos legislativos refleje de manera justa la voluntad del electoral”, dijo.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera acusó que la propuesta de Janine Otálora pretende modificar las reglas del juego concluido el proceso electoral, por lo que rechazó una interpretación distinta de la Constitución.
“Viene a modificar las reglas del juego cuando ya están definidos los ganadores, cuando ya está definido el resultado de la elección y en ese sentido se podría pensar que violentamos la certeza y la seguridad jurídica”, apuntó.
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Al arrancar la sesión, la magistrada Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, denunció presiones externa y amenazas directas e indirectas en el proceso de resolver las 8 mil 662 impugnaciones contra la conformación del Congreso, sin embargo, dijo que estas no influyeron en el sentido de sus votos.
“Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”.
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