Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro advirtieron que no admitirán la aprobación de un “fiscal carnal” transexenal, que esté al servicio del próximo gobierno federal, porque perseguirá única y exclusivamente a sus adversarios políticos y dejaría de lado su verdadera vocación de aplicar la ley por igual.
El vocero de la bancada, Emmanuel Reyes, señaló que los perredistas exigirán una reforma al artículo 102 de la Constitución, para garantizar que el titular del Fiscalía General de la República sea nombrado de manera realmente autónoma, y que no sea un funcionario “a modo” del nuevo primer mandatario.
“No se puede descartar que el Gobierno entrante pretenda usar la Fiscalía General para perseguir y hostigar a los adversarios políticos”, manifestó.
El diputado federal del Sol azteca recordó que la Legislatura pasada, el Sol Azteca, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Ciudadano (MC), y en alguna medida la del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) sumaron fuerzas para impedir que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impusiera un Fiscal a modo.
Sin embargo, Reyes recriminó, el partido que asumirá el Gobierno el 1 de diciembre ha olvidado el tema y se resiste a reformar el artículo 102 constitucional.
PAN se congratula por revocación de la LSI
Por otra parte, el presidente electo del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le corrigió la plana al Gobierno Federal, al invalidar la Ley de Seguridad Interior y una vez más le dio la razón al blanquiazul.
"Como lo demostraron ayer (jueves). Esperamos que los ministros de la Corte sigan actuando con autonomía, Independencia e imparcialidad. Confiamos que no permitan que ningún tipo de presión afecte sus decisiones durante la administración del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador", subrayó.
El dirigente nacional panista recordó que como coordinador de los diputados de su partido en San Lázaro en la pasada legislatura, impulsó una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ayer fue anulada con el voto de 9 de los 11 ministros y que facultaba a las fuerzas armadas actuar en tareas de seguridad pública.