El PAN en San Lázaro adelantó que no permitirá que la Secretaría de Gobernación siga como rectora de la publicidad gubernamental, cuando en esta semana inicie la discusión –en comisiones- de la Ley de Comunicación Social, planteó el coordinador parlamentario Marko Cortés.
En tanto, el secretario de la Comisión de Gobernación, el perredista Rafael Hernández Soriano, destacó que el pre-dictamen de la propaganda gubernamental, “es la propuesta del Gobierno federal, apoyada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, pues hay otros documentos del tema que no han sido discutidos``.
Actualmente, dijo, los acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno, lo hacen con sus “favoritos’’, sin criterios de cobertura, rating ni tiraje, de aquellos con cobertura nacional. Otros medios impresos nada más se distribuyen en uno, dos y tres lugares y aun así el gobierno contrata “discrecionalmente’’. Tiene que haber criterios para los contratos y el PRI no los está considerando, destacó el perredista.
Asimismo, Marko Corté señaló quepropondrá que la Auditoría Superior de la Federación, tenga un “auditor especial’’, para fiscalizar tanto el ejercicio programático presupuestal, como financiero, de legalidad y de desempeño, del ejercicio de los apartados de propaganda gubernamental.
Igualmente, propone crear el Consejo Nacional de Propaganda Gubernamental y la Comisión Nacional Reguladora de Propaganda Gubernamental.
Y en relación con el gasto anual en propaganda gubernamental, dijo Marko Cortés, éste no deberá exceder del 0.15 por ciento del gasto corriente aprobado en el presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente a la Administración Pública y, en particular, a cada ejecutor de gasto, tanto de la Federación como en las entidades federativas.
Aseguró que durante la discusión del tema en la Comisión de Gobernación y ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la bancada panista expresará su convicción de que el gasto de Comunicación Social de las entidades públicas no se presta a acciones dudosas y al uso faccioso de la autoridad.
Plantearán la aprobación de sanciones a la publicidad disfrazada y al sobreejercicio del gasto gubernamental; buscamos la máxima transparencia y que los ciudadanos conozcan a dónde se destinan sus impuestos, afirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza.
Lo anterior en respuesta al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se busca garantizar que el ejercicio del gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mediante la regulación a los sujetos obligados a través de cualquier medio de comunicación y en vía pública
Cortés Mendoza señaló que no se trata de cumplir con la responsabilidad de legislar con lo mínimo, pues es una demanda largamente expuesta por la sociedad civil, para que la Secretaría de Gobernación deje de ser el eje rector en materia de gasto de publicidad, pues de no hacerlo sería una vuelta al pasado y no abona a la democracia.
“Los diputados panistas estamos listos para debatir con absoluta responsabilidad este tema, para cumplir el mandato constitucional y en tiempo la sentencia de la Corte”, añadió.
La publicidad gubernamental debe concentrarse en aspectos como la prevención de la salud, la promoción turística y otros temas de relevancia para tener informada a la sociedad.
Además, advierte que con esta nueva ley se tendrá que incluir con claridad el sujeto obligado que emite el promocional y éste tampoco podrá contratar a título oneroso o gratuito, publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas a servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.
La propuesta panista establece también que los sujetos obligados deberán generar y publicar en forma completa, y actualizada en su portal de Internet el monto presupuestal total y desglosado por mes, que se destine al rubro de comunicación en todas sus formas; el Programa Anual de Comunicación registrado ante el Comité; los contratos celebrados al momento; los pagos realizados; el número de anuncios publicados o transmitidos, así como su extensión en palabras o tiempo de exposición.
El servidor público que incurra en exceso de gasto en esta materia, será responsable de desvío de recursos públicos y sancionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con independencia de la responsabilidad penal que corresponda.
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