Este jueves Arturo Zaldívar celebró su última sesión ordinaria como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras cumplir con el mandato de cuatro años por el que fue electo en 2019.
Zaldívar, quien también funge hasta el próximo 31 de diciembre como presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se ha mostrado muy satisfecho con la administración que le tocó liderar, pues durante su administración se pudieron resolver temas relevantes en materia de derechos humanos, como lo son la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario y el consumo lúdico de la marihuana.
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Tan sólo esta semana, en una discusión que abarcó tres días, el último tema resuelto fue el amparo 4/2022 correspondiente al caso conocido como “Duda Razonable”, en el que tres hombres fueron detenidos, torturados y apresados por un supuesto intento de secuestro del que no existieron pruebas contundentes.
La resolución de los ministros, a propuesta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue otorgar el amparo y absolver a los presuntos culpables, planteamiento que fue aprobado de manera unánime por sus 10 compañeros de la Sala Superior.
Sin embargo, no todos fueron logros para esta administración, ya que uno de los temas que más conversación generaron no pudo ser resuelto de manera favorable. Se trata de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) contra la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa.
Aunque la gran mayoría estuvo de acuerdo con proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales respecto a que esta medida cautelar es violatoria de derechos humanos como a la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso, éste no vio luz verde por aspectos técnico, por lo que queda como uno de los grandes pendientes para el sucesor o sucesora de Zaldívar Lelo de Larrea, ya que de acuerdo con cifras oficiales, son hasta 93 mil personas las que se encuentran en la cárcel a la espera de una sentencia.
En la lista de asuntos por resolver también quedan otras acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos promovidos por la CNDH, el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Este mismo viernes, la SCJN comunicó que en una sesión privada y a petición del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se acordó sustanciar y resolver temas de manera prioritaria correspondientes a la militarización y la Guardia Nacional que datan desde 2016 a la fecha.
Se tratan de recursos en contra de diversos apartados de la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Nacional de Registro de Detenciones; el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el decreto que dispone de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública.
Ejemplo de ello es el amparo en revisión 282/2020 promovido en contra de la Ley de la Guardia Nacional por la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, la cual argumentó que no se garantizó el carácter civil del cuerpo de seguridad, antes incluso de que esta corporación pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
También se prevé resolver una de las acciones de inconstitucionalidad con más tiempo en la Corte, promovida por la CNDH entonces a cargo de Luis Raúl González Pérez para acotar la extensión de la jurisdicción militar sobre los civiles dentro del Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.
De momento estos asuntos no tienen fecha para ser discutidos, pero por la falta de tiempo en el año estos podrían ser listados en las primeras sesiones de enero ya a cargo del próximo ministro o ministra que suceda a Arturo Zaldívar.
Entre los candidatos para echarse al hombro esta encomienda se encuentran los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, así como las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel, quienes también tendrán la oportunidad de resolver otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH bajo el mandato de Rosario Piedra Ibarra en torno a la Ley de deudores alimentarios.
El órgano independiente asegura que con esta legislación se violan los derechos de los deudores de pensión alimenticia que les dificultan el acceso a un trabajo digno e incluso en la posible salida del país.
Asimismo, queda por resolver si aceptan las dos acciones de inconstitucionalidad promovidas el mes pasado por el INE y la CNDH referentes a la recomendación 46/2022 en la que ambos se acusan de excederse en sus facultades. El INE, acusa al organismo de derechos humanos de extralimitarse en sus funciones al solicitar al Congreso de la Unión “transformar” al árbitro electoral.
Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó al instituto a cargo de Lorenzo Córdova por su intento para silenciar y demeritar el trabajo de la CNDH, advirtiendo que cayó en una “invasión de la esfera de competencia de este Organismo Nacional”.
En el tintero también quedan otros temas de menor envergadura aparente, pero que también han desatado conversación, como es la colocación o no de nacimientos en espacios públicos con recursos públicos.
Surgió a partir de un amparo promovido por un ciudadano en Yucatán, en el municipio de Chocholá, pero que generó eco en la Iglesia mexicana, la cual acusó a la Corte de atender un tema que atenta contra el derechos de las personas religiosas.
Sin embargo, será a partir del próximo 2 de enero -día en que vota y decide quién relevará al ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN y del CJF- cuando se sepa a qué pendientes se les dará prioridad y pronta atención con la nueva administración que concluye en 2026.
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