Las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador incurren en diversos delitos ambientales, coincidieron especialistas que participaron en la sexta sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), puso como ejemplo el caso de la refinería de Dos Bocas que será inaugurada el próximo 2 de julio, en la que se pueden configurar dos delitos tipificados en el Código Penal Federal, ya que los trabajos iniciaron sin autorizaciones en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

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El primero es la violación al artículo 418, que impone de seis meses a nueve años de prisión, y el equivalente de 100 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural y también a quien cambie el uso de suelo forestal. “Eso aplica para Dos Bocas y aplica para el tramo 5 del Tren Maya”, consideró el abogado especializado en derecho ambiental.

El otro tiene que ver con el artículo 420 Bis, que aplica las mismas penas a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. “En Dos Bocas, bajita la mano, tiraron 80 hectáreas de manglar sin autorización alguna. Fueron más, fueron como 250 al final, pero inicialmente fueron 80, reconocido por la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.

Sandra Guzmán, especialista en financiamiento climático y consejera permanente de la OEM, coincidió en que las megaobras del sexenio conllevan diversos delitos al ambiente, aunque no se les quiera ver así.

“Tenemos proyectos como la refinería (Dos Bocas), como el Tren Maya, que son proyectos que, si los vemos desde el punto de vista de la definición de delitos ambientales, son delitos ambientales, y sin embargo no los estamos tratando como tal”, externó.

Sobre el tema, el activista socioambiental y también consejero permanente, Francisco Ayala, consideró que estamos ante una estructura de poder que ha mercantilizado a la naturaleza. “Hemos hecho que todos los recursos naturales, plantas, animales, estén al servicio de los hombres y eso ha hecho como consecuencia que quien tiene la capacidad para extraerlo, para controlarlo, pues adquiere poder”.

Alanís agregó que ante el incumplimiento y la impunidad con la que avanzan estas obras, instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son omisas en investigar los posibles delitos ambientales. La Profepa, dijo, “está completamente muerta, completamente omisa, respondiendo a los intereses del presidente (López Obrador)”.

“La autoridad ambiental se está volviendo cómplice de las irregularidades que son evidentes a todas luces en estos proyectos y además es una práctica común: es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la refinería, es el Tren Maya, es el Corredor Transístmico”.

México, atractivo para criminales

En otros temas, Marco del Toral, programme manager en México del programa Global sobre Delitos que afectan el Ambiente y el Clima, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), explicó que mayores recursos naturales también implican una mayor vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales nacionales e internacionales.

En el caso de tráfico de especies y delitos forestales, el especialista añadió que México es considerado un país de origen, tránsito y destino.

Aunque señaló que no hay una cifra exacta sobre las ganancias que obtiene el crimen organizado por estas actividades, el especialista indicó que son de las más lucrativas, sólo por detrás del tráfico de armas, de drogas y de personas.

La proliferación de delitos ambientales no tiene que ver tanto con un tema de legislación. Leyes hay, pero en la práctica no pasa nada.

Para Sandra Guzmán, el gran problema en el país y en toda la región de América Latina es que nuestras instituciones son inexpertas e inadecuadas para poder implementar las leyes vigentes y llevar ante la justicia a quienes incurren en dichos crímenes.

Francisco Ayala consideró que existe una “falta de interés por parte de las autoridades” en velar por los recursos naturales.

En cambio, Del Toral opinó que sí existe apertura en las autoridades, pero falta capacitación y existe mucha rotación de personal. Propuso seguir fortaleciendo la legislación y asignar más presupuesto no sólo a nivel federal, sino también en los estados y municipios.

Ambientalistas asesinados

Durante la sesión, presidida por Martha Ramos, directora general editorial de la OEM, también se abordó el tema de las agresiones contra defensores del ambiente. Alanís señaló que el más reciente informe del CEMDA, publicado en marzo, indica que 25 ambientalistas fueron asesinados en 2021, mientras que un año antes fueron 18. Además, en lo que va de la administración federal actual han asesinado a 58, siendo Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos donde se concentra la mayoría de los casos.

La mitad de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas y 18 por ciento eran defensores independientes. En su mayoría se oponían a proyectos mineros, de extracción de agua, de energía eléctrica, de vías generales de comunicación y del sector forestal.

“Entonces el medio ambiente se vuelve algo que no es solamente no prioritario para esta administración, sino que se vuelve un estorbo, se vuelve algo que incomoda y ante eso, hay que eliminar, hay que hacer a un lado, no sólo la ley, las políticas y las acciones, sino también a los individuos”, externó Alanís.

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Sandra Guzmán lamentó que a nivel global México, Colombia y Brasil sean los países donde más asesinatos hay de ambientalista. “La justicia no está del lado de los defensores, está del lado de quienes contaminan, de los delincuentes ambientales”.

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