“Desde que me embaracé comencé a ser discriminada; en mi incapacidad se me solicitó trabajo e incluso el mismo día del nacimiento de mi bebé tuve que atender requerimientos desde la camilla de la clínica. Después del parto existieron oportunidades de crecimiento laboral, sin embargo, nunca se me dio la oportunidad aún y cuando lo solicité y contaba con el perfil y la experiencia, a diferencia de quienes fueron promovidos. Cuando pregunté la razón, me contestaron que por mi hijo. Antes de despedirme me cambiaron a un puesto de menor nivel”.
El testimonio anterior forma parte de 33 expedientes consultados por la organización Early Institute para identificar casos de Discriminación Laboral por Embarazo (DLE), convertida en una de las causas más comunes de segregación contra mujeres trabajadoras en México.
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De acuerdo con una investigación recién publicada por este think tank enfocado en la primera infancia, desde el año 2012 el embarazo se ha posicionado en los primeros cinco lugares de quejas por discriminación laboral ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Entre enero de 2012 y julio de 2021 el Conapred recibió nueve mil 191 quejas de mujeres que fueron discriminadas por distintos motivos, 894 casos correspondieron a personas discriminadas por razón de su embarazo y, de estos, 825 asuntos ocurrieron en el ámbito laboral.
Las estadísticas además muestran que 88 por ciento del total de asuntos atendidos como DLE fueron presuntamente cometidos por particulares y 12 por ciento restante por personal del servicio público.
Entre los derechos que se reportan como afectados destaca en primer lugar el derecho al trabajo, seguido por el derecho a la protección a la maternidad.
Otras garantías vulneradas son el derecho a la accesibilidad, a la igualdad de oportunidades y de trato, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, a la no discriminación, a la salud, a la seguridad social, a un trato digno y respetuoso y a una vida libre de violencia.
En lo que respecta a las conductas de discriminación contra trabajadoras embarazadas, la organización identificó acoso y hostigamiento laboral, descuentos económicos por ejercer licencias médicas, obligación de trabajar en periodos de incapacidad por maternidad, cambio de las condiciones laborales y no ser contempladas para ascensos.
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También interrupción o no renovación de su contrato durante su periodo de incapacidad (en el caso de mujeres que laboran por honorarios), obligarlas a realizar labores que pongan en riesgo su salud y la de sus bebés y, finalmente, el despido.
Algunos casos de discriminación documentados incluso derivaron en la pérdida del bebé, como éste:
“Realizaba labores de aseo en una escuela. Cuando di a conocer mi embarazo gemelar y de alto riesgo no se tomaron las medidas necesarias para que las actividades que realizaba no pusieran en riesgo mi salud. Por el contrario, se me asignó ‘el aseo profundo’ de algunos salones”.
“Un día, al terminar de lavar los baños, me sentí mal e informé a la directora, quien me pidió que continuara con mi labor ‘despacito para que no me cansara’. Tuve que trapear, mover muebles y cargar cubetas pesadas. Comencé a sentir mucho dolor y ahí presenté expulsión de mis dos bebés. Uno de ellos murió al día siguiente por prematurez extrema, mi otro bebé nació con problemas graves de salud y posteriormente perdió la vista”.
El reporte de Early Institute agrega que las embarazadas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad son mujeres con bajos salarios, trabajadoras del hogar, empleadas de fábricas, aquellas con contratos temporales y de honorarios así como mujeres con funciones directivas y/o comúnmente asociadas con la masculinidad.
Sobre el actuar de las autoridades, la organización destaca que, si bien existen múltiples leyes y mecanismos institucionales que sancionan las conductas de discriminación laboral por embarazo, los encargados de atender y proteger a las víctimas carecen de capacitación y sensibilización para prevenir, atender y resolver los casos.
Otro de los hallazgos es que, salvo el Conapred, el resto de las instituciones federales que deberían están involucradas en combatir la discriminación laboral por embarazo ni siquiera cuentan con un registro que les permita identificar y dimensionar la magnitud del problema para visibilizarlo, prevenirlo y erradicarlo. “Lo que deja ver que, en su inmensa mayoría, los casos de discriminación laboral por embarazo no son denunciados, investigados ni sancionados”, concluye el informe.
Para enfrentar el problema, la organización propone distintas soluciones tanto para empleadores como para los tomadores de decisión.
Entre estas últimas destacan el diseño e implementación de una estrategia integral y coordinada de las autoridades de primer contacto para homologar principios rectores, procedimientos de atención, métodos de registro, medición y seguimiento, y acciones de prevención; incluir en ley la sanción de diversos supuestos de discriminación laboral por embarazo (no sólo el despido y la solicitud de prueba de embarazo), y generar registros homologados, confiables y desagregados sobre los casos.
