Acuerdan reinstalar GIEI para apoyar en caso Ayotzinapa

El Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron el acuerdo para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) que brindará asistencia técnica internacional para el avance de las investigaciones y las acciones en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) detallaron que este acuerdo fue el resultado de un proceso de negociación entre el Gobierno mexicano por medio de su Cancillería y la CIDH, con la participación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República.

Las dependencias indicaron que este proceso se realizó tomando en cuenta a la representación de los padres y madres de los estudiantes, la Oficina en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a las propias personas expertas que formarán parte del Grupo Internacional de Expertos Independientes.

El objetivo del Acuerdo, informaron la Segob y la SRE, es que “el GIEI continúe brindando asistencia técnica internacional y coadyuve con las autoridades competentes en la investigación, la elaboración de planes de búsqueda, la atención víctimas y en otros aspectos relevantes para la labor de la Comisión Presidencial, a solicitud de las madres y padres de los estudiantes, se integrarán personas expertas que previamente formaron parte del GIEI”.

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Esta acción forma parte del compromiso establecido en el “Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia”, emitido el 4 de diciembre de 2018 por el Presidente de la República, el cual contempla la celebración de acuerdos que permitan la cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas se registró la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero en el 2014. La policía municipal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a los cuales acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local.

En dicho ataque habrían resultado heridos periodistas y civiles.

Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el día 7 de noviembre de 2014, que existían indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el Estado de Guerrero. Según el testimonio de tres nuevos detenidos que confesaron cometer el crimen.

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El procurador Jesús Murillo Karam, dijo en una conferencia de prensa en que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal “Guerreros Unidos”, por lo que los cadáveres fueron quemados, después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río cercano, esta resolución fue conocida como “la verdad histórica”.

Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 4 de diciembre de 2018 emitió un decreto en donde instruyó la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.

El 15 de enero de 2019 fue instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), misma que está conformada por representantes de las madres y padres de las víctimas, organizaciones civiles, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público.

Cabe destacar, que su función es facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa.