INAI y sociedad civil, factores de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad

El trabajo entre el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es indispensable para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

“El derecho de acceso a la información es hoy por hoy un torrente digital al servicio de la sociedad”, enfatizó Francisco Javier Acuña Llamas, comisando presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), durante la inauguración del foro virtual “A 5 años del PROSEDE: ¿Cuál ha sido el impacto en grupos vulnerables?”.

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Al estimar un momento de sensibilizar a la sociedad, el comisionado presidente del Inai expresó que esta relación es factor para acercar información pública útil a personas en situación de vulnerabilidad, grupos en condiciones especiales y víctimas de discriminación, así como la importancia de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

A su vez, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que “las organizaciones de la sociedad civil son clave y aliadas estratégicas en estos esfuerzos para que el Inai pueda difundir el derecho a saber en los grupos vulnerables, para que éstos puedan allegarse de información pública que les permita acceder a otros derechos”.

Ibarra Cadena señaló que existe el compromiso del Inai de atender e impulsar iniciativas como el PROSEDE, que otorga hasta 200 mil pesos a OSC que busquen acercar este derecho a las personas en situación de vulnerabilidad, pues sostuvo que el derecho de acceso genera importantes beneficios

La comisionada del Inai celebró que, a través de este programa de apoyo a las OSC se apoye a diversas organizaciones en su trabajo para atender grupos vulnerables, por ejemplo, en el impulso de mecanismos para evitar la discriminación y la protección de los datos de personas que viven con VIH; las acciones con comunidades migrantes para que conozcan sus derechos; así como el empoderamiento de las mujeres, en un momento de fragilidad ante la violencia doméstica.

Además, reconoció que la actualidad ha evidenciado el papel estratégico de la información pública para una toma de decisiones sustentada y el apoyo colaborativo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades.

Deyanira Clériga Morales, responsable del Programa AOIM en Voces Mesoamericanas, subrayó que se produjeron programas de radio, infografías y obras de teatro en tsotsil y tseltal para personas migrantes en las comunidades de origen y destino.

“Creemos que esta forma de educación popular es fundamental para seguir reflexionando cómo podemos transitar a la exigencia de derechos e involucrar a las personas”, expresó.

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José Daniel Marín Mercado, Presidente de Responde, Inclúyete cómo Diversidad y Vive tus Derechos, A.C., habló sobre el proyecto que encabezó para acercar una cultura de protección de datos personales de personas que viven con VIH, en el estado de Michoacán.

Destacó que “se debe reforzar la vinculación y seguimiento de personas que viven con VIH para detectar la vulneración de la protección de sus datos personales, así también como la formación continua de servicios de educación que tengan que ver con el seguir educando en la protección de datos personales y en el ejercicio de los Derechos ARCO”.

Silvia Elena Domínguez, integrante de la organización Desarrollo Autogestionario A.C., señaló la importancia de fortalecer la participación activa de las mujeres en sus comunidades. “Creemos que proyectos de este tipo contribuyen a fortalecerlo y nos parece fundamental porque las comunidades están principalmente habitadas por mujeres y su papel es muy importante”.

Jorge Carbajal Hernández, Coordinador de Arkemetría Social A.C., indicó que su organización desarrolló un programa de capacitación de mujeres vigilantes de lo público en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan; así como en los municipios de Chalco y Metepec, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de la información pública para reducir el margen de vulnerabilidad de mujeres. “En la mayoría de los casos las participantes accedieron a información que les permitió tener una mayor comprensión sobre las problemáticas que les afectan”, asentó.