El Gobierno federal pretende transferir 70 mil millones de pesos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de 2024 para que esta última dependencia pague directamente a los elementos de la Guardia Nacional y de nuevo busca que desde el Congreso de la Unión se promueva una reforma constitucional que quede bajo control militar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo, a través de los legisladores de Morena, promueve que la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente reingrese a discusión de los legisladores los cambios constitucionales que pongan a la Guardia Nacional bajo el manto militar y que le dé al Presidente la facultad de que este cuerpo se mantenga en actividades de seguridad pública hasta 2028, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este proceso.
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Legisladores de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública revelaron que el Primer Informe Semestral que remitió el Presidente de la República en mayo pasado incluía un primer intento de Morena de meter el tema a la discusión.
Morena presentó ante esta comisión un proyecto de dictamen de más de 200 páginas, el pasado 18 de septiembre, en cuyo resolutivo tercero se propone que “el Congreso de la Unión acuerde y determine de manera transitoria que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Esta propuesta fue rechazada por los legisladores del PAN, PRI y PRD.
El pasado lunes, 25 de septiembre, una mayoría conformada por Morena, el Partido Verde y Encuentro Social, aprobaron el informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública y el dictamen que incluye que la Guardia Nacional pase a la Sedena.
La aprobación se logró con la ausencia del entonces senador del PRI (ahora del Verde), Carlos Ramírez Marín, la abstención del perredista Miguel Ángel Mancera y la ausencia del diputado del PRD, Javier Huacus Esquivel, quien abandonó la reunión.
La Guardia Nacional, creada en el presente sexenio, sustituyó a la Policía Federal. Pese a que fue ideada como una institución civil, cuenta con una presencia mayoritaria de elementos de la fuerza armadas permanente, soldados y marinos, dirigidos administrativa y operativamente por altos mandos del Ejército.
De acuerdo con el informe anual de acciones de seguridad dado a conocer en enero de 2023, la Guardia Nacional, al 31 de diciembre de 2022, cuenta con 128 mil 233 elementos distribuidos en todo el territorio nacional, sin embargo, de acuerdo con el Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública 79 mil 399 de estos efectivos son soldados y marinos, es decir sólo 48 mil 601 tienen el perfil de civiles.
En septiembre de 2022, legisladores de Morena y aliados reformaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública con la finalidad de transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de forma total a la Secretaría de Defensa.
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Este primer proceso lo frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a la acción de inconstitucionalidad 137/2022, cuyo contenido fue publicado el pasado 20 de septiembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
A pesar de lo anterior, el Gobierno federal no cesa en su intento por ceder el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y con ello militarizar la seguridad pública del país, y con lo cual pretende transferir los 70 mil millones de pesos a partir del 2024, según lo considerado en el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año y que hoy se encuentra asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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