La organización México Evalúa advirtió que la probabilidad de que una denuncia se traduzca a una investigación efectiva por parte de las autoridades, en torno a delitos cometidos contra las mujeres, es “casi inexistente”, sobre todo en cuanto a violencia de género, violencia familiar y violencia sexual.
Así lo señaló Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia en la organización, al participar en la mesa de análisis Perspectiva de género en el proceso penal, en la que señaló que “cuando las mujeres son víctimas del delito enfrentan una menor probabilidad que su denuncia se traduzca en una investigación”.
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Por ejemplo, señaló que solo en el 0.05 por ciento de los casos de violencia de género las carpetas de investigación logran judicializarse, mientras que en los casos de violencia familiar y violencia sexual esta cifra solo sube al 0.19 y 3 por ciento, respectivamente.
Caso similar ocurre en los casos de feminicidio y delitos relacionados a la trata de personas, donde coexisten más de 20 delitos, en donde las carpetas de investigación que logran judicializarse apenas alcanzan el 12 y 15 por ciento.
También, explicó, son mínimos los casos donde se alcanza una reparación de daño, pues esto solo se logra en 3.8 por ciento de los casos y esta suele ser monetaria, sin que las víctimas sean rehabilitadas en el ámbito físico, psicológico o social.
“Como ustedes pueden ver, son limitados los casos registrados, clasificados correctamente y que reciben una respuesta”, dijo la especialista.
En cuanto a la justicia penal, indicó que también se marca una diferencia significativa si se es mujer u hombre o también cuando se trata de personas imputadas por la comisión de un delito.
Por ejemplo, dijo que, al estar detenidas frente al Ministerio Público, el género también determina el tipo de trato que se reciben, pues los datos refieren que las mujeres son más presionadas para incriminarse, dar otra versión de los hechos, son amenazadas con hacerles daño a ellas o a sus familias y son violentadas física, psicológica y sexualmente.
“También sabemos que se les impone, en mayor medida, la prisión preventiva como medida cautelar. Esta tendencia se ha observado de manera más pronunciada desde 2019 a la fecha y especialmente cuando se trata de delitos del orden federal”, donde seis de cada 10 mujeres reciben esta medida frente al cuatro de cada 10 en el caso de los hombres.
Al respecto Pamela Romero, abogada experta en perspectiva de género en la investigación criminal y directora del departamento de derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), si bien reconoció que existen bases para incorporar la perspectiva de género en nivel técnico, señaló que el problema radica mayormente a nivel cultural.
“No podemos agarrar un grupo de policías, darles un protocolo de investigación impecablemente bien hecho, que cubra perfectamente todos los puntos, darles un curso de dos semanas o un mes y pretendiendo que a nivel técnico van a salir y van a poder implementar la perspectiva de género en su día a día, porque no hemos reflexionado que la perspectiva de género no es solamente una nueva herramienta, es algo que depende de un cambio cultural [... que hoy en día es predominantemente] patriarcal y la violencia de género está interiorizada en todas y todos nosotros”.
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